Miran hacia otro lado. La revelación de que Soledad Padilla, exasesora de Jorge Glas, laboraba en la Prefectura de Pichincha a la par de que visitaba al exvicepresidente sentenciado, tiene sin cuidado a las autoridades correístas.

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Padilla, según informó la entidad liderada por la correísta Paola Pabón, trabajó en la institución desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2023, mientras Glas aún permanecía en la cárcel 4 de Quito.

Además de mostrar la plena vigencia de una vieja maña de los políticos en el servicio público, el caso de Padilla y la Prefectura de Pichincha podría tener consecuencias legales, sostiene Fabricio Villamar, jurista y exasambleísta.

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“Esto bien podría ubicarse en la figura de peculado, porque el puesto de trabajo es considerado un recurso público, mismo que habría sido usado para intereses personales y no para los intereses de la Prefectura”, analiza.

Sin embargo, aclara que esto se podría configurar si el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) tiene registros de que las visitas a Jorge Glas se realizaron en horario laboral.

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Por otro lado, señala que esto “desnuda que esta gente utiliza el servicio público como espacios de satisfacción de sus necesidades personales”. Una práctica también realizada por Alianza PAIS en su momento.

Villamar acota que los primeros llamados a pedir respuestas a Pabón son los miembros del Consejo Provincial de Pichincha, órgano que reúne a todos los representantes de los cantones de la provincia.

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Este Diario intentó hablar con Pabón para consultar qué necesidad suplía Padilla en la entidad y si estaría inmersa en los pagos injustificados de salarios observados por la Contraloría. Sin embargo, no hubo respuesta.

Del mismo modo, se consultó al alcalde correísta de Quito, Pabel Muñoz, si plantearía este tema en la próxima sesión del Consejo Provincial, pero tampoco hubo una respuesta ante la inquietud de este medio.

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El silencio, según Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, lacera la institucionalidad del Estado, ya que los puestos deberían responder a criterios técnicos y no a favores políticos.

“Cuando hay este tipo de conflictos, las autoridades deben responder a la colectividad”, indica y advierte que esta no es una maña exclusiva del correísmo ni sucede solamente en la Prefectura de Pichincha.

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De hecho, hay casos como el de Francisco Hidalgo, actual presidente de la Revolución Ciudadana, quien hasta junio figuró en la nómina de la Prefectura de Manabí, espacio también liderado por el correísmo.

Este Diario intentó contactarse con Leonardo Orlando, prefecto correísta de Manabí, para consultar la necesidad que suplía Hidalgo en la institución, pero tampoco hubo respuesta al requerimiento.

• La Contraloría observó sueldos sin justificación en la Prefectura de Pichincha

En junio de 2023, EXPRESO publicó las observaciones de un informe de la Contraloría General del Estado que señalaba el pago injustificado de sueldos en la Prefectura de Pichincha, inconsistencia que alcanzaba los $ 1,3 millones.

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Según el documento, esta cifra es la suma de los salarios cancelados a asesores y profesionales contratados en la Prefectura desde junio de 2020 hasta agosto de 2022. En total, 110 personas se integraron en la administración de la prefecta Paola Pabón.

Entre los hallazgos de Contraloría está la contratación de asesores para los consejeros provinciales, una figura no avalada por el Ministerio del Trabajo, ya que las instituciones que presiden tienen su propios asesores.

Además, se observó la contratación de profesionales para cargos jerárquicos que podrían haber sido ocupados por funcionarios de carrera de la Prefectura. También se detectó nepotismo en el Gobierno Provincial.

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