La venta directa de los tres helicópteros Dhruv, anunciada el miércoles por el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, no se concretaría. Al menos en los siguientes 180 días y no en un mes y medio como esperaba Jarrín.

La Fiscalía pidió a la Corte Nacional de Justicia la inmovilización de las tres aeronaves que eran parte de los siete aparatos adquiridos en el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2008 por 45,2 millones de dólares.

En la audiencia en la Fiscalía sustentó su necesidad de inmovilizar las aeronaves fue convocada para las 09:00 y fue dirigida por el juez Luis Rivera. Según informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter, los aparatos tendrían una "presunta vinculación con una investigación por peculado reabierta en 2020". La audiencia fue breve y el juez aceptó el pedido.

Se refiere a una investigación previa reabierta en diciembre de 2020. El expediente fue iniciado en diciembre de 2009 en contra de Xavier Ponce exministro de Defensa, según información que reposa en el sistema Satje de la Función Judicial. 

También se dirigió a investigar a generales, oficiales Superiores y subalternos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por presuntos ilícitos en los procesos de adjudicación y adquisición de siete helicópteros nuevos de mediana capacidad para el Ala de Combate N° 22. 

La denuncia fue presentada por el entonces asambleísta Fausto Cobo. El 19 de abril de 2016 el exfiscal Galo Chiriboga pidió el archivo de la indagación previa "por considerar que no se encontraron los medios de convicción suficientes para fundamentar las imputaciones realizadas en la denuncia". 

El exjuez Miguel Jurado el 2 de septiembre de 2016 desestimó la denuncia y ordenó su archivo. Además declaró que la acusación no fue maliciosa ni temeraria. El 18 de diciembre de 2020 la Fiscalía solicitó audiencia para fundamentar el pedido de reapertura del caso. El exjuez Iván León el 21 de diciembre de 2020 consideró que ese organismo expuso una serie de indicios nuevos que han aparecido. 

Citó informes de auditorías, respecto al perjuicio económico que se habría ocasionado al Estado, posible perjuicio económico sobre problemas, irregularidades graves en la adquisición y contratación de estos helicópteros y problemas con la falta de operatividad de los mismos. 

Por eso dispuso reabrir el caso de la compra de las aeonaves que dejó cuatro accidentadas, pilotos fallecidos y la inmovilización de las tres restantes. Ese fue el resultado de la compra que en su momento fue denunciada por la existencia de un aparente sobreprecio. 

El general Jorge Gabela, asesinado en situaciones poco claras, fue uno de los denunciantes de las aparentes irregularidades. Pero, en su momento el expresidente Correa criticó a los medios señalando que "la prensa no puede presentar hipótesis en vez de información".

Además de las críticas defendió la compra. "Nosotros compramos esos helicópteros cuando eran bien baratos compramos a 6 o 7 millones ahora cuestan 16 millones, a tal punto que con el seguro de los cuatro que se han estrellado, como el seguro cubre la reposición ya tenemos el mismo monto de lo que costaron los otro siete", dijo en declaraciones públicas.