La Fiscalía de Ecuador abrió este jueves 15 de febrero una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre colombiano de 30 años en un enfrentamiento armado entre militares y un presunto grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conforme lo ha reportado el Ejército ecuatoriano.

"A través de la Dirección de Derechos Humanos, la Fiscalía abrirá una investigación previa para determinar las circunstancias de la muerte de una persona, la noche del 14 de febrero, en un presunto enfrentamiento armado entre militares y fuerzas irregulares", informó el Ministerio Público ecuatoriano.

Horas antes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador informó que una patrulla del Ejército mantuvo un enfrentamiento armado con un "grupo irregular armado" que identificó como una presunta disidencia de la guerrilla de las FARC donde un hombre de 30 años fue abatido y otros dos de 27 y 19 años, respectivamente fueron detenidos.

El enfrentamiento se dio al presuntamente descubrir los militares del Ejército un campamento de este grupo en el sector Alto Punino, de la provincia amazónica de Orellana, conocido por ser uno de los principales enclaves de la minería ilegal en Ecuador.

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También se incautaron de tres fusiles de asalto de calibre 5.56 milímetros, una subametralladora de calibre 9 milímetros, una carabina de calibre 12, dos carabinas artesanales, dos pistolas de 9 milímetros, cerca de 1.400 balas de diferentes calibres y once cargadores para fusiles y pistolas.

Asimismo, decomisaron tres artefactos explosivos de fabricación casera, dos sierras tácticas, dos chalecos antibalas, una radio de comunicación, once teléfonos celulares, un puñal y una motocicleta.

Este episodio se dio en el marco del "conflicto armado interno" declarado desde inicios de enero por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, a cuyas bandas ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, principalmente dedicados al narcotráfico.

Bajo ese estado de excepción son varias las organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado excesos de las fuerzas del orden dentro de las cárceles intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas para recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por bandas criminales que han protagonizado desde inicios de 2020 una serie de masacres carcelarias con más de 450 presos asesinados. 

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