La Fiscalía General del Estado (FGE) acudió este 5 de enero de 2021 a las instalaciones del Colegio de Abogados del Guayas (CAG), para ejecutar varias pericias dentro de una investigación previa que se abrió por un presunto delito de tráfico de influencias.

El fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, junto con peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de la Zona 8, se constituyeron en la sede del gremio de juristas para hacer un reconocimiento del lugar y la fijación del contrato de arrendamiento que se suscribió para oficinas de la Corte Constitucional (CC), dentro del periodo 2014-2016.

“Esto nace por un informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado”, mencionó el fiscal.

La Contraloría habría encontrado un direccionamiento del contrato, por un monto que está por determinarse. Aparentemente, se habría sobrevalorado el arrendamiento de las oficinas que ocupó la CC en la planta baja, así como en el primero y segundo piso de la sede del CAG, ubicada entre las avenidas 9 de Octubre y Del Ejército, zona céntrica de Guayaquil.

Además del valor, se habría arrendado más del metraje que necesitaba la CC para desarrollar su trabajo en el Puerto Principal.

El fiscal Suárez junto con los peritos acudieron al sitio para realizar una inspección ocular técnica, y la fijación del contrato original que sirvió para el arrendamiento que se dio dentro del periodo mencionado, durante la administración de Jimmy Salazar, actual presidente del gremio. En ese tiempo, su esposa Pamela Martínez se desempeñaba como jueza de la CC. Actualmente, ella está a puertas de cumplir una sentencia de 9 meses y 22 días de cárcel, dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, por el delito de cohecho agravado, en el que también fue sentenciado el expresidente Rafael Correa, su circulo cercano y un grupo de empresarios.