La Fiscalía General del Estado notificó este 19 de mayo de 2023 el inicio de una investigación previa a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), recién posesionados.

En el impulso fiscal se otorga 72 horas para que este organismo entregue las acciones de personal de todos los consejeros, así como la información íntegra del concurso de selección de la fiscal Diana Salazar que se desarrolló entre 2018 y 2019.

El 18 de mayo, en un comunicado la Fiscalía rechazó “lo que al parecer es un intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación” llevado a cabo por el CPCCS de transición.

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“Para la Fiscalía General del Estado, este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la Dr. Diana Salazar en sus funciones y tiene como único afán generar desinformación e inestabilidad...”, agrega el documento.

Alembert Vera, presidente del CPCCS, calificó como “innecesaria” la acción de la Fiscalía, porque aseguró que se podía pedir la misma información a través de un oficio y no se lo iba a negar. Según Vera, intentó este 19 de mayo entablar un canal de diálogo con Salazar, antes de conocer del inicio de la investigación.

“No se puede iniciar procesos penales por chismes o por tuits promovidos por farsantes. No se puede iniciar un proceso penal en contra de una de las funciones del Estado por estas mentes ratoniles que pretenden lesionar el funcionamiento del Estado”, reclamó Vera.

Sin embargo, el “chisme” parece tener un origen. El lunes, 19 de mayo, a 24 horas de la posesión, la agrupación Acción Jurídica Popular ingresó un pedido de información. Específicamente, del examen escrito, oral, la calificación de cada mérito, y el puntaje otorgado a un libro que fue lo que presentó Salazar como parte de su postulación.

Y pese a que recién tomaron posesión y se encontraron con una gran cantidad de pendientes y trabajo represado, el jueves 19 de mayo la Secretaría del CPCCS cumplió con entregar esa información a Acción Jurídica.

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Vera se defendió asegurando que no puede negar el acceso a la información porque puede haber una acción en su contra; también, dijo que es imposible alterar o modificar los expedientes del concurso, porque están notarizados tanto en físico como en digital en diferentes instituciones.

Agregó que desconoce cuál es el objetivo de Acción Jurídica Popular al solicitar esa información y aclaró que el CPCCS, entre sus competencias, no tiene la revisión de procesos de designación y peor aún la remoción de funcionarios. Esa es potestad de la Asamblea, que está disuelta.

Lo que sí hizo Vera es presentar una denuncia en la Fiscalía para que se investigue a todas las personas que promovieron y difundieron la información en el sentido que desde esa entidad se intenta alterar esos archivos, lo cual fue calificado como falso.