El vocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz se suma a los funcionarios de ese organismo que la Fiscalía investiga. Antes que él, ese ente puso bajo su lupa a Maribel Barreno y Juan José Morillo, por el presunto delito de tráfico de influencias. 

Esta ocasión las sospechas en contra de Muñoz son por el presunto delito de lavado de activos. La noche del miércoles 17 de mayo la Fiscalía informó que en coordinación con la Policía se realizó un operativo en el que se ejecutaron, de forma simultánea, cinco allanamientos. Tres fueron en Quito y dos más en Guayaquil. Se trata de oficinas y domicilios. 

En su cuenta Twitter la Fiscalía difundió las imágenes del operativo en el que se investiga al vocal del Judicatura Xavier Muñoz, quien hace parte de la nueva mayoría formada en el pleno del Consejo conjuntamente con Wilman Terán, presidente del organismo.

Terán fue escogido por el Consejo de Participación Ciudadana de la terna que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela.

 En los sitios allanados se levantaron una serie de indicios que la Fiscalía dijo que serán periciados. Los investigadores revisaron estantes, cajones de cómodas ubicadas en dormitorios y otros sitios en los que se podía encontrar documentación. Intervinieron en las acciones miembros de Criminalística y de las unidades élite de la Policía.

En las horas previas a los allanamientos el vocal Muñoz estuvo en Manabí en donde se instaló una mesa de trabajo por la seguridad ciudadana de iniciativa de Terán. En esa cita, según un comunicado de la Judicatura, Muñoz aseguró que el Consejo de la Judicatura,  "más allá de sus competencias, impulsa estas mesas de trabajo, para devolver a la ciudadanía la seguridad, teniendo como uno de los pilares fundamentales una correcta administración de justicia".

En un comunicado difundido por la Judicatura, el sospechoso afirmó que las actuaciones de la Fiscalía “tienen el claro propósito de intimidar a la Función Judicial y a sus máximas autoridades, atacando a sus personeros con falsas e infundadas imputaciones de delitos graves”.

Insistió en que esas acciones no les amedrentan. “Y si bien afectan la confianza e imagen de la institución, también nos fortalecen, porque ratifican que estamos ejerciendo un control adecuado, que incomoda a grupos de poder”, dijo.

Argumentó que la campaña de desprestigio y ataques sistemáticos ha rebasado los límites de la tolerancia y coherencia jurídica. “Las acusaciones realizadas en mi contra carecen de todo fundamento fáctico y legal”.