Fiscalia ejecuta diligencias extras en el caso Sobornos
La fiscal Diana Salazar solicitó una fecha para la audiencia preparatoria de juicio. En la diligencia sustentará su dictamen.
La coincidencia ronda el caso Sobornos 2012-2016 con la trama de sobornos de Odebrecht por la que el exvicepresidente Jorge Glas y otros fueron sentenciados a seis años de cárcel por asociación ilícita.
Eso se reflejó en una de las últimas diligencias dispuestas por la fiscal general Diana Salazar, antes del pedido de cierre de la instrucción fiscal del caso.
La noche del lunes 9 de septiembre la fiscal solicitó a la Procuraduría un informe, que debe ser remitido en 72 horas, con un análisis del control de legalidad de cinco contratos firmados con Odebrecht que superan los 1.500 millones de dólares.
Se trata de las obras emblemáticas del correísmo, en las que se habría registrado el supuesto pago de coimas. Estas son: el trasvase Daule Vinces contratado con Senagua, los contratos de la Refinería del Pacífico, Manduriacu contratada por Celec y el poliducto Pascuales Cuenca a cargo de Petroecuador. Esas obras fueron mencionadas en el juicio por asociación ilícita contra Glas y los contratos adjuntados al expediente.
Pero Salazar no solo pidió información de esos contratos. Al Servicio de Contratación Pública (Sercop) le solicitó que en 10 días remita una certificación sobre al menos 163 proyectos adjudicados a las empresas Hidalgo e Hidalgo, Fopeca, Sinohydro, Consermín, TGC, Verdú y Equitesa.
Salazar busca conocer también si es que en los mencionados proyectos se han presentado denuncias o quejas en alguna de sus fases o por la adjudicación de los mismos.
Pero con el anuncio del cierre de la instrucción fiscal y del pedido de una fecha para la audiencia preparatoria de juicio también vino el señalamiento de más versiones.
Francoise Villalva, excolaboradora del expresidente Rafael Correa, amplió su versión. Gabriel Rivera, su abogado, señaló que su defendida aclaró a la Fiscalía que el expresidente Correa devolvió los 6.000 dólares que recibió como préstamo. Como evidencia adjuntó facturas.
Insistió en que los aportes al Fondo de Solidaridad de donde se entregó el préstamo al exmandatario provenían de los aportes voluntarios de los funcionarios de la Presidencia.
Carlos Alvear, defensor del exsecretario jurídico Alexis Mera, señaló que Villalva explicó el funcionamiento de ese fondo. En la recepción del testimonio estuvo presente Francisco Pesántez, defensor de Yamil Massuh, quien insistió en que no existen evidencias de que su cliente hubiese recibido los $ 300.000 que señaló Pamela Martínez, exasesora de Correa. Para él pedirá que la fiscal se abstenga de acusarlo.
Los procesados
Funcionarios y contratistas
El listado de procesados por los supuestos aportes ilegales que habrían efectuado contratistas del Estado al movimiento PAIS lo encabeza el expresidente Rafael Correa.
Además fue investigado su exvicepresidente Jorge Glas y sus exsecretarios Alexis Mera (jurídico) y Vinicio Alvarado (de la Administración). Se suman los exministros Wálter Solís y María de los Ángeles Duarte. En la lista están también contratistas.
Claves
Acciones
Acusación particular
El exasambleísta César Montúfar y el activista Fernando Villavicencio presentarán una acción de protección y medidas cautelares ante la negativa de la jueza Daniella Camacho de admitir a trámite la acusación particular que presentaron en el caso Sobornos.
Procuraduría
Será parte procesal
La jueza Daniella Camacho aceptó a trámite la acusación particular presentada por el procurador general del Estado Íñigo Salvador en el caso Sobornos. Eso significa que la Procuraduría se convierte en parte procesal y puede actuar pruebas en un eventual juicio.
Testimonios
Martínez, Terán y Santos
Tres de cuatro testimonios anticipados se cumplieron en la Corte. Laura Terán admitió la existencia de una estructura de funcionarios y contratistas. Pamela Martínez dijo que Correa sabía todo. Y Santos, que Odebrecht entregó 5,6 millones a las campañas de PAIS.
Evidencias
Correos, chats, archivos
La Fiscalía cuenta con decenas de evidencias que apuntan a la existencia de una estructura conformada por funcionarios públicos y contratistas. El objetivo era recabar aportes en efectivo y con cruce de facturas para el supuesto pago de gastos de las campañas de Alianza PAIS.
