Un nuevo borrón y cuenta nueva. A la tercera formación que tendrá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el último año y medio, le espera una lista de temas que han quedado rezagados por las turbulencias políticas que enfrenta el organismo desde que sus integrantes son elegidos por voto popular.

Esta tarde se prevé que el CPCCS presidido por Sofía Almeida se reúna para posesionar al nuevo consejero que ocupará el espacio dejado por el censurado y destituido Christian Cruz y elegir al vicepresidente del organismo. Luego de eso, de inmediato empezará el análisis de los puntos pendientes, señaló Almeida.

La lista es larga y cada tema tiene su grado de prioridad. Por ejemplo, está la elección aún inconclusa del superintendente de Ordenamiento Territorial, proceso que se encuentra en fase de impugnación ciudadana, pero el informe sobre estos cuestionamientos no ha podido ser aprobado por falta de consensos entre los integrantes del CPCCS.

En la línea de las designaciones también está pendiente el concurso para elegir al defensor público, que fue uno de los pocos cargos que no alcanzó a nombrar el Consejo de transición, no se lo hizo bajo la presidencia de Tuárez y tampoco con Cruz.

La consejera María Fernanda Rivadeneira reconoce que los problemas que acarrea el CPCCS ha hecho que el trabajo se acumule y que, por ejemplo, haya denuncias de corrupción incluso anteriores al ente transitorio que fue presidido por el fallecido Julio César Trujillo, que no han sido analizadas.

“Ahora mismo hay dos investigaciones por corrupción que debieron ser conocidas por el pleno, pero el anterior presidente no las puso en el orden del día. Según los reglamentos, el pleno del Consejo de Participación debe pronunciarse hasta en 90 días sobre las denuncias que llegan, pero eso no se ha cumplido”, le dijo la funcionaria a EXPRESO.

Dos tareas que no ha conseguido concretar ningún Consejo de Participación son la designación de los integrantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y la conformación del Consejo del Agua.

La consejera Ibeth Estupiñán recordó ayer que también es obligación del CPCCS designar a los representantes de la ciudadanía al Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, proceso que ha sido relegado a un segundo plano. A mediados de año se debatió el reglamento para iniciar este concurso.

En el listado hay una serie de veedurías ciudadanas inconclusas, como la propuesta por la propia Almeida para vigilar el posible fraude a las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), investigación que en otras instancias ya está en curso.

A esta nueva conformación del CPCCS también le tocará asumir y receptar los informes de rendición de cuentas de las autoridades e instituciones obligadas a cumplir este procedimiento que concluye el 31 de octubre próximo.