La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde Quito realizaron por varias horas una evaluación de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo que mantuvieron con el Ejecutivo tras cumplirse los 90 días del cierre de ellas.

Dichos acuerdos que salieron de 10 mesas de diálogo fueron cuestionados por los miembros de las bases de la organización por la falta de aplicación durante el plazo establecido. Pero no fue lo único que manifestaron en contra del gobierno de Guillermo Lasso.

Se sumó también el rechazo al resguardo militar implementado por el Gobierno en 11 proyectos mineros de la Amazonía.

“Vamos a resolver sobre un proceso que hemos llevado, este proceso de diálogo, porque somos un pueblo de diálogo... Aun en proceso donde no apareció el presidente, pero sí las delegaciones y se comprometieron en una mesa de diálogo. Eso no va a quedar burlado. Con lo que ha hecho ayer (militarizar zonas mineras) y más las mesas de diálogo, lo que ha hecho el Gobierno nacional es prender una chispa y esa chispa si se vuelve una fogata, si vuelve realmente un proceso muy fuerte en este país, solo le decimos que es responsabilidad del Gobierno. Nosotros defendemos los derechos apegados a la Constitución”, sostuvo Leonidas Iza, presidente de la Conaie en la inauguración del consejo ampliado.

Aunque en total se firmaron 218 acuerdos como resultado de las mesas de diálogo, la “chispa” que enardece a los miembros de las comunidades indígenas es la explotación minera legal e ilegal.

“No se ha conseguido casi nada con los acuerdos. Se acordó no permitir la explotación minera, pero desde el Gobierno se sigue permitiendo y militarizando”, argumentó Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la Conaie.

El consejo ampliado de la Conaie se llevó a cabo en un auditorio de la Casa de la Cultura al norte de Quito y contó con los representantes de sus bases, entre ellos las de sus tres regionales: Ecuarunari, Confeniae y Conaice.

El escándalo de presunta corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso que involucra a exfuncionarios públicos y hasta un familiar cercano del presidente por irregularidades en empresas públicas del sector eléctrico, también es otro del detonante para las medidas de hecho que tomarán las organizaciones indígenas.

No obstante, hasta el cierre de este reportaje la Conaie no finalizaba su encuentro y las resoluciones decididas.

Por otro lado. Desde la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras Fenocin, de forma paralela a la asamblea de la Conaie, mantuvo una reunión extraordinaria donde resolvieron remover del cargo de presidente de la organización a Gary Espinoza, quien ostentaba el puesto desde julio del 2021.

“Las malas acciones de Gary” llevaron a que la mayoría de la organización resuelva destituirlo del cargo y designar a Hatari Sarango como su nuevo presidente, quien se desempeñaba como vicepresidente, pese a que Espinoza lo habría destituido en 2022 por “no botar a Guillermo Lasso durante la movilización”.

Sobre sumarse a un nuevo paro nacional, el nuevo titular de la organización social dijo que el Gobierno debe cumplir con los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo y de no ser así harán uso de su derecho a la resistencia.