María Peralta se resigna a “pasar días de angustia” luego de que su esposo retorne a su jornada laboral de diez días, teme que en una balacera o en un atentado terrorista    sea víctima del crimen organizado.

Son de la provincia El Oro y en los tres días que le toca estar franco aprovechan para pasar tiempo juntos. Sin embargo, la necesidad del Gobierno Nacional para reforzar la seguridad hizo que sea trasladado a Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país.

“Antes lo veíamos menos, porque servía en la Amazonía y solo estaba un día y medio con nosotros, porque el resto era viajando. Ahora temo por su vida por lo difícil que está luchar contra el crimen” enfatizó la mujer. El uniformado prefiere el anonimato por seguridad y por conservar su trabajo, dice que habría mejores resultados si se revisa la modalidad de servicio en provincias ajenas a las de origen. “No solo es el beneficio familiar, sino una optimización de logística, de información o de resultados porque uno conoce su territorio y la gente de ahí” acotó.

En mayo pasado, la Policía Nacional presentó el plan retorno a casa, en donde la Dirección Administración de Talento Humano iniciaba un análisis del grado jerárquico, responsabilidades familiares, méritos logrados, parámetros que son calificados y después de un puntaje se concede el anhelado pase.

Nelson Yépez, experto en seguridad ciudadana, considera que se debe mantener a servidores que no son de la provincia trabajando en el territorio porque es necesario imponer una distancia entre las personas que cometen el delito y la Policía y eso se fortalece con quienes son ajenos al lugar.

Yépez pondera que en la actualidad con 4.911 muertes violentas entre enero y agosto del año en curso, número que superó al total del año 2022 que tuvo 4.823, no es posible implementar una modalidad de jefatura con personas propias del territorio, como los denominados sheriff en Estados Unidos, porque son muchas las necesidades que vive la institución.

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En temas de salud mental y en medio de la escalada de violencia que vive Ecuador los familiares de los policías sostienen que es importante brindar un acompañamiento integral a los uniformados. “Un acompañamiento al menos en condiciones dignas en las UPC para su descanso, porque si no hay ni para los chalecos antibalas ¿Qué presupuesto puede existir para la atención psicológica? La salud mental debe ser cuidada siempre, no solo para quienes usaron el arma y hubo un desenlace fatal, porque trabajar en las condiciones que ellos lo hacen    los golpea anímicamente” resaltó la madre de familia de un policía que es parte del eje táctico en la ciudad de Guayaquil, que prefirió el anonimato.

Otro agente de apellido Reyes y quien pidió la reserva de su nombre agrega que se mejoren las capacitaciones, como por ejemplo las de tiro con las nuevas municiones. “Es insuficiente, en una semana de práctica, no se puede enfrentar a los criminales que toda la vida andan con mejores armas y más municiones. Nos dieron solo una semana de clases, pero cuando estoy al frente aún da nervios, porque la anterior capacitación a esta fue hace como diez años. Como mínimo debería ser un mes de entrenamiento”, expuso un policía.

Diego Pérez, experto en seguridad y defensa pública, expone que lo primero que hay que hacer es trabajar en una verdadera política pública que dignifique las condiciones laborales de los uniformados y que esta acción se diseñe para que permanezca con el pasar de los años y de los gobiernos.

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