Familiares-Estado

Corresponsabilidad. A partir de ahora, el bienestar de los adultos mayores es, por ley, corresponsabilidad del Estado y de sus familiares. Ante las dificultades, retrasos y estrecheces del sistema de amparo público, la Asamblea ha decidido por unanimidad que las familias deben compartir el rol de protección que, naturalmente, está llamado a prestar el Estado de bienestar.

Con la aprobación de la Ley de Adulto Mayor, los cónyuges, hijos y hermanos de un adulto mayor tendrán que llegar adonde no llega el sistema: a dar una pensión alimenticia. Quien se sienta desamparado, tras haber cumplido los 65 años, podrá exigir mediante demanda por pensión de alimentos, que sus familiares garanticen su manutención. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social fijará en una tabla, al igual que hace con los menores, los montos de las pensiones, teniendo en cuenta las necesidades del adulto mayor y la capacidad económica de los familiares corresponsables.

Nadie pone en duda el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad, alimentarse y tener las condiciones básicas de existencia. Pero lo que genera incertidumbre es el fundamento por el que se endosa a un familiar un rol del que el Estado es responsable. No se ha explicado en la nueva norma cuál es el punto de partida que justifica que la pareja, los hijos o los hermanos de un adulto mayor deban ahora asumir -sin importar qué tan buena, mala, cercana o lejana fue la relación familiar- la obligación estatal de entregar una pensión contributiva o no. Si un delito no se endosa ni por causa de muerte a los familiares y menos aún la responsabilidad derivada del ilícito, entonces, cómo se sustenta la nueva obligación impuesta respecto de los adultos mayores.

Lo que sí está claro es la razón por la que se ha tomado esa decisión: es una secuela más de un Estado moroso que llega tarde y mal, si llega, a devolver a sus contribuyentes lo recibido durante sus años de trabajo o a garantizar como padre institucional de todos los ecuatorianos sus condiciones mínimas de vida. Si el sistema de pensiones jubilares, tal y como está concebido y se ejecuta, funcionase, los adultos mayores tendrían una pensión, contributiva o no contributiva, adaptada a sus necesidades y garantizada por el Estado. Pero ahora, como el país no alcanza, todos son corresponsables.