Sobre la base de unos sesenta elementos de convicción, que incluyen más de 45 informes de inspección ocular técnica (investigación de un hecho delictivo y de la escena del crimen), el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez Zambrano, fue llamado a juicio como autor directo del delito de asociación ilícita. 

Tras una maratónica audiencia celebrada en un feriado atípico de Guayaquil, la jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Penal del Sur (Valdivia), acogió el dictamen del fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, quien acusó a Tuarez como miembro principal de una presunta organización delictiva dedicada a ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares. 

En la audiencia preparatoria de juicio que se instaló a las 10:30 del viernes y concluyó pasadas las 20:00 del mismo día, el fiscal presentó dictamen acusatorio contra Tuárez y otras seis personas, fundamentado en más de 45 informes de inspección ocular técnica, informes de audio y vídeo, versiones del director nacional de Aviación Civil, de la secretaría de la Presidencia y de dos perjudicados por la red delictiva; además de otras pericias como: cotejamiento de voz, identidad humana, de informática, testimonio anticipado, escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, entre otras. 

En su intervención, Suárez citó fechas de las supuestas reuniones sostenidas por los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos Tuarez "era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador", detalló la Fiscalía. 

En estas reuniones participaban otros miembros de la organización, liderada presuntamente por el expresidente del CPCCS, "quien junto a la ya sentenciada, Renata Jalkh acordaba los puestos a ofertar e indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual, presuntamente, solicitaban porcentajes de los montos de contratación".

Con base en esos elementos, la jueza Ortega dictó auto de llamamiento a juicio contra Tuárez, Jorge Enrique Ramirez Aconda, Silvia Leonor Corral Gahona y Marco Eduardo Cadena Sacerdote, por el delito de asociación ilícita, sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Los procesados David Mijael Espinoza Sánchez, Lilián Auxiliadora Loaiza Ochoa y Álex José Abarca Achig fueron sobreseídos del proceso.

La prisión preventiva se mantiene, por lo que Tuárez deberá esperar en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, hasta que el expediente pase a Tribunal y se convoque a la audiencia de juzgamiento, la que deberá darse en poco menos de un mes, dado que corre el riesgo de caducar la medida cautelar (el plazo es de seis meses). El expresidente de Participación Ciudadana, permanece detenido desde el 28 de noviembre de 2019, que se ejecutó el operativo Emperador. 

Antes de la audiencia preparatoria de juicio, otros doce procesados en el caso se acogieron al procedimiento abreviado (reconocieron el hecho), por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento para postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado, detalló la Fiscalía. Entre los que se acogieron a ese procedimiento fue Luis Loyo Brusil, exdirector de procesos del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien fue uno de los primeros en recibir sentencia abreviada a doce meses de prisión, en diciembre de 2019. Ya tramita la prelibertad.