Nuevo Centro de Faenamiento 2
Proyecto. La construcción del Centro de Faenamiento y Planta Procesadora de Cárnicos de Ibarra tuvo inconsistencias.Cortesía

Exfuncionarios del Ministerio de Industrias y Productividad son glosados con $ 2,4 millones

La Contraloría encontró malos manejos en los recursos para la construcción del Centro de Faenamiento de Ibarra

La Contraloría General del Estado confirmó una glosa por $ 2,4 millones a seis exfuncionarios del entonces Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Se tratan de tres antiguos subsecretarios de Desarrollo Industrial, Eficiencia e Innovación Industrial e Industrias Intermedias y Finales; y tres coordinadores zonales en Ibarra que estuvieron en los cargos entre 2012 y 2018. 

En un examen especial al convenio entre el Municipio de Ibarra y el extinto MIPRO, para la construcción y equipamiento del Centro de Faenamiento y Planta Procesadora de Cárnicos de Ibarra se hallaron inconsistencias.

Entre estas, los auditores hallaron que no hubo un adecuado control de los fondos públicos y varias demoras en la construcción. El Convenio, suscrito el 21 de diciembre de 2012, estipuló un plazo de 12 meses para su ejecución y debió concluir el 27 de junio de 2015. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2018 (fecha de corte del examen especial), “los equipos estuvieron empaquetados, a la intemperie y sin utilizarse. Tampoco se efectuaron reuniones mensuales para monitorear el avance del proyecto”.

Como parte del acuerdo cuya inversión fue de $ 4,9 millones, el Municipio de Ibarra se comprometió a proveer el terreno para la implantación del Centro, asignar los fondos necesarios para la construcción de la planta de faenamiento, cámaras frigoríficas, planta industrial, planta de tratamiento de aguas y procesamiento de abonos orgánicos.

Sin embargo, hasta octubre de 2019, “la ejecución del Centro no superó el 80% de avance y que las operaciones iniciaron sin concluir con los elementos estructurales y funcionales”.

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Por estos argumentos, la Contraloría emitió la glosa que deberán cancelar 400.000 aproximadamente cada persona.