Soledad del Carmen Manosalvas Salazar, jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito concedió el régimen semiabierto al exasambleísta correísta Daniel Mendoza Arévalo quien fue sentenciado por delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales.

Según las investigaciones de la Fiscalía Mendoza y el exlegislador prófugo Eliseo Azuero habrían dirigido una red involucrada en el desvío de fondos del anticipo entregado por la construcción del Hospital de Pedernales en Manabí.

Inicialmente el proceso se siguió en contra de cerca de una treintena de sospechosos. Al final hubo acusación para menos de 20.  Ocho recibieron sentencia mediante procedimiento abreviado, entre ellos Mendoza. Además de él fueron condenados René Tamayo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz, como autores del delito. Para ellos la pena impuesta fue de 34 meses. 

Mientras que para Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos, la condena fue como colaboradores en la estructura delincuencial y recibieron 40 meses de prisión. La reparación integral fue establecida en ocho millones que debía dividirse entre los sentenciados que se sometieron al procedimiento abreviado y para los que se aplicó el proceso ordinario. 

La audiencia para conocer la solicitud del régimen semiabierto se realizó la tarde del martes y en la que Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, actuó como abogado del exlegislador.

Mendoza se encontraba detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 5 de Junio del 2020. Fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada en el grado de autor. El ilícito está tipificado y sancionado en el inciso primero del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de libertad de 50 meses de cárcel. La condena fue impuesta por la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

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 Para su liberación, entre otras cosas Mendoza presentó un certificado de permanencia emitido por la cárcel 4 en el que se establece que el exlegislador acredita el cumplimiento del 60 % de la pena impuesta y argumentó que hasta el momento ya ha cumplido 71,55 % de la pena.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) señaló en un comunicado que conforme a sus atribuciones y competencias, lo único que le corresponde es elaborar y emitir informes de verificación de cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios o cambios de régimen. 

"Es potestad exclusiva de la autoridad judicial conceder o no el beneficio solicitado por la PPL", señaló el SNAI. La entidad aclaró que se encarga de la custodia y resguardo de los presos y de la administración de los centros en los que se encuentran "constituyéndose únicamente en un organismo técnico que ejecuta sus acciones en cumplimiento y apego al ordenamiento jurídico".