Espinosa presento las pruebas de descargo

El salón del exsenado de la Asamblea estaba repleto. Los integrantes de la Red de Maestros se tomaron las barras bajas y las altas. Los convocaron para respaldar al ministro de Educación, Augusto Espinosa, durante el primer y único juicio político de la última década.

Los maestros, afines al movimiento gubernamental, llevaron globos y carteles. Algunos lucían camisetas blancas con el nombre de su gremio, otros iban de turquesa.

El viernes, esa organización –creada durante este Gobierno y paralela a la Unión Nacional de Educadores– solicitó permiso para ingresar al Legislativo. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, autorizó la entrada de 450 maestros en el exsenado. También había otros 200 afuera que hacían fiesta, con tarima y música.

Espinosa entró con los brazos en alto, como si estuviera de campaña política o si fuera candidato a alguna dignidad. Al mismo tiempo, se escuchaban los gritos de sus simpatizantes: “Revolución sin educación no hay”. “Augusto, amigo, el pueblo está contigo”.

Carrión pidió el silencio de las barras y anunció que había dos solicitudes para el cambio del orden del día. Los oficialistas y la oposición votaron a favor de esa modificación y recibieron en comisión general a los líderes de la Red de Maestros. Ellos lisonjearon a Espinosa y le pidieron “cuidar la revolución de la educación”. “Defendemos el sistema educativo que impulsa a la sociedad. Rechazamos este infundado juicio político”, dijo José Muñoz, uno de los dirigentes.

Pero ¿llevar barras es propio de un juicio político?

Para Mario Unda, sociólogo y docente de la Universidad Central, los juicios deben ser públicos para que la ciudadanía conozca lo que ocurre en la Asamblea. Sin embargo, cree que las barras propias acaban con el sentido del acto legislativo. “No tiene sentido hacer una competencia y ver quién lleva más gente a gritar, eso desnaturaliza el trabajo legislativo”, opinó.

Espinosa habló más de una hora. Su defensa se centró en la calidad de la educación y en los avances en ese tema. Habló poco de las acusaciones de la oposición. No presentó pruebas de descargo. Repitió que ni la Constitución ni las leyes lo obligaban a asegurar los bienes del Estado.

Desde su óptica, no violó la Constitución. La oposición lo acusó de incumplir, por ejemplo, el artículo 212. Según el ministro, ese tiene relación con la Contraloría y no con su cartera de Estado.

Dijo, además, que la administración pública es un servicio a la colectividad regido por principios de eficacia, eficiencia y calidad. Una calidad que él mide con los reconocimientos que han hecho otros organismos. Citó, por ejemplo, que la Unesco reconoció que Ecuador es el país que, con mayor velocidad, incrementa su calidad educativa.

Al final de su exposición, interrumpida varias veces por los gritos de apoyo de la Red de Maestros, Espinosa aseguró que la oposición no ha presentado pruebas, sino solo “recortes de periódicos”.

El legislador del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Fiscalización, Ramón Terán, dijo que Espinosa no logró despejar ninguna de las inculpaciones. “No contestó nada sobre la mala administración de los bienes del Estado”.

La comisión analizará las pruebas y elaborará el informe para la segunda semana de agosto. Allí se decidirá si Espinosa comparecerá en el Pleno de la Asamblea o se archiva el caso.