Como eliminar a los toxicos y escarmentar a los disidentes

Para ser un organismo obediente y no deliberante, la policía de inteligencia montada por el correísmo tiene posturas demasiado definidas sobre asuntos de debate público.

Así lo demuestran los papeles de la Senain a los que tuvo acceso este Diario.

Un ejemplo: ni la Ley de Aguas propuesta por el gobierno terminaba aún de debatirse en la Asamblea ni la consulta previa a la población afectada (un mandato constitucional) se había concretado, cuando los agentes de la policía política ya tenían decidido que era necesario controlar a quienes se oponían a ella.

Otro: los Yasunidos no habían sino empezado a recolectar las firmas necesarias para impulsar una consulta popular legítima, pero la Senain ya tenía claro que había que derrotarlos.

En un documento del 27 de enero de 2014 titulado ‘Informe sobre el flujo de recolección de firmas de Yasunidos’ se describen así los dos escenarios posibles que podrían resultar del proceso.

Positivo: “la campaña no tiene acogida en la población”; negativo: los Yasunidos consiguen las firmas, se convoca una consulta popular y su propuesta gana.

Desde la Conaie y los Yasunidos para abajo, cuanta organización o movimiento social que se opusiera a la aplicación de alguna política de gobierno (en particular la minería y la explotación petrolera) aparecen catalogados, en los papeles de la Senain, como “fundaciones tóxicas”.

En consecuencia, espiaron a todos. Bajo la sospecha de atentar contra la estabilidad de la democracia. Y presentaron recomendaciones políticas a las autoridades civiles sobre cómo conducirse con esos indeseables. Hay casos en los que llegaron a la represión directa: allanamiento y cierre de organizaciones (Fundación Pachamama), expulsión de extranjeros vinculados a grupos ecologistas (Oliver Utner) o escarmiento violento de dirigentes en el espacio público (Carlos Pérez Guartambel, Salvador Quishpe...).

En principio, el espionaje a los movimientos sociales no se diferencia de aquel dirigido a los políticos: organigramas, cuadros de relaciones, fuentes de financiamiento, reseña de actividades públicas, informes periódicos sobre el mínimo detalle, como en el caso del proceso de recolección de firmas para la consulta contra le explotación petrolera en el Yasuní, cuya evolución fue seguida día tras día por la Senain... Presentaciones gráficas con enemigos bien identificados en las que se revela una concepción policial de la participación política ciudadana.

La diferencia está en los resultados que esta política de vigilancia y control arroja en los hechos. Y en la calle, donde esos movimientos sociales se manifiestan públicamente.

En el extremo operativo de la policía política están los agentes de civil con el celular en la mano, fácilmente visibles en los mítines y manifestaciones, entregados a la tarea de revisar fotografías e identificar personas.

En las protestas de 2015 algunos dirigentes fueron escarmentados.

A Carlos (ahora Yaku) Pérez Guartambel lo arrastraron por el pavimento de la avenida 6 de Diciembre y lo dejaron botado en el carril del trole. No lo detuvieron, como hace la policía ordinaria cuando alguien viola la ley (que l no fue el caso).

Terminó linchado. Yaku Pérez acabó en emergencias con más de un hueso roto. Lo mismo hicieron con Salvador Quishpe en la esquina de Guayaquil y Chile. En esa ocasión se sumó al maltrato, que no fue filmado, la humillación, que fue pública y alimentó de burlas las redes sociales.

Es fácil reconocer cómo la política del régimen correísta frente a los movimientos sociales de la oposición estuvo basada en los informes de inteligencia policial. La pregunta es si este esquema de vigilancia continúa vigente tras el cambio de gobierno y a quién rinde cuentas.