El número de detenidos por marcar papeletas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador se elevó a dos, según confirmó este mismo domingo 15 de octubre la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Se trata de dos casos aislados donde se detectó a ciudadanos que estaban marcando diversas papeletas a favor de alguna de las dos candidaturas.

El primer caso se detectó en Palma Roja, de la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, mientras que el segundo se dio en la capital Quito.

"Confirmamos que han sido puestos a órdenes de la justicia. Como CNE tomaremos las medidas legales correspondientes", señaló Atamaint.

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Hasta el momento la jornada electoral en Ecuador ha transcurrido con normalidad y sin incidentes graves, según han señalado tanto el CNE como la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cuenta con más de 80 integrantes desplegados por la mayor parte del territorio ecuatoriano.

En esta segunda ronda compiten por alcanzar la Presidencia la abogada Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017); y el joven empresario Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) e hijo del magnate del sector bananero Álvaro Noboa, quien fue cinco veces candidato presidencial.

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En caso de ganar, González sería la primera mujer en llegar a la presidencia en Ecuador, mientras que si lo hace Noboa se convertiría, con 35 años, en el mandatario más joven de la historia del país.

El ganador tendrá un corto mandato de unos 15 meses para terminar el periodo 2021-2025 que no completará el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que optó por no culminarlo al aplicar en mayo pasado el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada" y forzar este proceso electoral excepcional.

Con esa acción disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) que controlaba la oposición, liderada por el correísmo, en un momento en que se aprestaba a votar su destitución como paso final de un juicio política donde se le había acusado de presunto peculado (malversación), un cargo que él rechaza.

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