La denuncia por una supuesta infracción electoral que interpuso la alianza Unión por la Esperanza (UNES) contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar; y el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, fue archivada.

Entre sus argumentos, el magistrado del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, concluye que el denunciante no adjunta ninguna prueba que pueda ser practicada durante la audiencia pública de prueba y alegatos, a fin de demostrar la conducta antijurídica denunciada. “Dado que el anuncio de los medios de prueba para acreditar los hechos materia de la denuncia, son esenciales, el legislador incorporó como requisito para la procedencia y cuyo incumplimiento es causal para el archivo del proceso”, reza parte del fallo del 26 de febrero pasado.

El 21 de febrero pasado, Joseph Santiago Díaz Asque, procurador común de la alianza electoral que agrupa a los candidatos afines al expresidente Rafael Correa; y el abogado Carlos Alvear Burbano presentaron el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Señalan a la fiscal Salazar y al juez Rivera de incurrir en una supuesta infracción electoral por ordenar una pericia informática forense a la base de datos en la que reposa el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Diligencia que debió efectuarse el pasado 20 de febrero por la mañana, pero esta no se realizó.

Los denunciantes alegaron que la diligencia judicial violenta el artículo 16 del Código de la Democracia que establece la prohibición de autoridades ajenas a la Función Electoral de intervenir directa o indirectamente en el proceso electoral. “Consecuentemente la disposición emanada por la señora fiscal general implica claramente el interferir en las funciones del Consejo Nacional Electoral”, argumentan los denunciantes.

El mismo día, los mismos denunciantes ingreron una causa por supuesta infracción electora en contra del contralor Pablo Celi por solicitar al Consejo Nacional Electoral autorización para auditar el sistema informático. En la misma línea, ambos consideran que la petición contituye "una injerencia de la Contraloría en el proceso electoral; esto debido a que solo la función electoral es competente para conocer y resolver los reclamos provenientes de los sujetos políticos resultado del proceso electoral".

En este caso recayó en el despacho del juez electoral, Joaquín Viteri, quien concluye que la denuncia carecía de prueba documental. "El denunciante, al presentar su escrito de aclaración y ampliación de la denuncia incoada, mantiene las mismas falencias advertidas en el escrito inicial, sin que haya logrado precisar de qué manera la actuación del Contralor General del Estado han generado agravios en su contra", reza parte del fallo. 

Díaz y Alvear presentaron un recurso de apelación al fallo a favor de la fiscal Salazar, el cual fue aceptado a trámite. El juez Torres ordenó que el expediente íntegro de la causa sea remitido a la Secretaría General del Tribunal, para que proceda con el sorteo respectivo para determinar el juez o jueza sustanciador quien deberá elaborar el borrador de la sentencia para conocimiento y resolución del pleno del Tribunal.