Los tres edificios que componen el complejo de la Contraloría General del Estado, en el centro de Quito, ya han sido entregados provisionalmente a la institución luego de más tres años desde que fueron incendiado por manifestantes en el contexto de la protesta indígena y social de octubre del 2019.

La edificación nueva, o conocida como bloque D que se ubica en la esquina de las calles Tarqui y Av. 6 de diciembre, sufrió daños por el fuego que llevaron que se realicen tareas con fibra de carbono para reforzar las columnas, explicó el mayor José Aroca, representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, empresa que estuvo a cargo de la construcción por $ 19 millones y de la rehabilitación por otros $ 10.1 millones, porque para dichas protestas aún no había sido entregada la infraestructura.

“Las condiciones de seguridad han sido optimizada para cualquier eventualidad. Componentes electrónicos tales como: tarjetas de acceso, sistema de videovigilancia y la implementación de nuevas alternativas en la seguridad física, ha permitido que en las últimas manifestaciones (junio 2022) hayamos defendido la integridad de este edificio”, dijo Aroca.

En un recorrido realizado por las tres edificaciones se puede apreciar que los trabajos están ya casi en su totalidad. Parte del mobiliario ya ha sido instalado e incluso ciertos funcionarios ya laboran en el bloque A que da a la calle Gran Colombia frente al Palacio Legislativo. Se espera que para marzo culmine el proceso de traspaso de los 1.200 servidores públicos de la institución, dijo el Contralor General (s), Carlos Riofrio.

“Es un proceso paulatino que empezamos la semana anterior y estimamos culmine hasta el mes de marzo. El costo total de la rehabilitación fue de $ 22.2 millones, $ 9.1 millones fue cubierto por la aseguradora La Unión y lo otro el Estado entregó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque todavía estaba en manos de ellos, el edificio D que no había sido entregado”, sostuvo el titular del CGE.

La rehabilitación de las edificaciones conllevó a utilizar sistemas completamente modernos para su seguridad, como un sistema de videovigilancia, un sistema eléctrico actualizado y otro contra incendios. Se espera para el próximo año invertir $ 200 mil para crear un cerco metálico en las partes frontales de la edificación.

Durante estos años la institución tuvo que alquilar instalaciones y hacer uso de otras edificaciones del Estado para poder seguir laborando. Mensualmente se desembolsaban más de $ 40 mil en arriendos y servicios.