Juan Zapata, director del sistema integrado ECU-911, compareció esta tarde en la Comisión de Seguridad para detallar las acciones realizadas durante la pandemia y en temas de seguridad. Así también, sobre el manejo presupuestario de la entidad y su coordinación con las centrales regionales y provinciales en el país.

“Se requiere una ley que nos regule y nos controle”, expuso Zapata, al sostener que su creación fue por decreto ejecutivo y poco a poco, con el pasar de los años, asumió más responsabilidades en temas de riesgo, seguridad ciudadana, red troncalizada de fuerza pública, vigilancia médica y más.

Ramiro Narváez, presidente de la mesa, expuso que ya existen propuestas para su regulación contempladas en los proyectos de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgo, y de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Sin embargo, Narváez consultó si era posible integrar las cámaras del sistema carcelario al del ECU-911, a lo que Zapata respondió que la entidad solo tiene competencia legal para vigilar “el área pública, pero tenemos 68 cámaras que observan los exteriores de estos lugares”.

Sin embargo, se cuestionó que más de 1.000 cámaras de las 2.649 no están en funcionamiento. Frente a ello, Zapata recordó que hay aparatos que ya cumplieron su vida útil, al tener 10 años de trabajo sostenido.

“El ECU no requiere repotenciación sino una modernización, porque la tecnología ha avanzado. Hoy estamos afinando protocolos, pero la modernización está programada para 2023”, manifestó el director del ECU-911.