Tres grupos convocan a plantón por el cobro del IVA a alimentos que antes no pagaban
El SRI corrigió su circular y excluyó del IVA a ciertos alimentos, pero mantiene el impuesto en otros productos clave
La reciente polémica por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos alimenticios básicos continúa generando tensión social, cuestionamientos legales y preocupación en el sector empresarial. Este escenario ha provocado la reacción de organizaciones sociales. Juan Cervantes, presidente del Frente Popular del Guayas, anunció que junto al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos se ha convocado a un plantón de protesta el miércoles 8 de abril de 2026, a las 16:00, en el Parque Centenario, en Guayaquil.
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una nueva circular en la que aclara que productos como la leche normal, semidescremada, descremada y el pan no estarán gravados con el 15 % de IVA, corrigiendo así lo señalado días atrás. Sin embargo, la medida no despeja completamente las dudas, ya que otros productos como la leche deslactosada, los edulcorantes y ciertos tipos de fideos sí estarían sujetos al tributo.
En el caso de los edulcorantes son consumidos por muchas personas que prefieren no comprar la azúcar de la caña, entre esos compradores estarían más de 700 000 personas con diabetes que hay en Ecuador. Además que en América Latina entre el 50 % y el 70 % de los ciudadanos tienen intolerancia a la lactosa, por lo tanto optan por la leche deslactosada.
Cervantes cuestionó duramente la medida al considerar que afecta directamente a los sectores más vulnerables. Según indicó a Diario EXPRESO, gravar productos consumidos por personas con condiciones de salud específicas, como diabéticos o intolerantes a la lactosa, “somete a mayor hambre a la mayoría del pueblo”. Además, criticó que mientras se reducen impuestos a grandes empresas, se pretenda ampliar la carga tributaria sobre alimentos básicos.
En esa línea, denunció que el SRI estaría excediendo sus competencias. “Establecer IVA a alimentos sin atribuciones es arbitrario, ilegal e inconstitucional, ya que esa potestad corresponde a la Asamblea Nacional”, afirmó, exigiendo la derogatoria inmediata de la medida y sanciones contra las autoridades responsables.
¿Puede el SRI mediante circular puede ampliar el alcance de la ley?
Desde el ámbito jurídico, especialistas también han encendido las alertas. El tributarista Víctor Serrano explicó que, de acuerdo con el Código Tributario, las circulares emitidas por la administración no pueden modificar ni ampliar el alcance de la ley. Recordó además que la Corte Constitucional, en la sentencia 2-21-IN/24 de febrero de 2024, estableció que este tipo de disposiciones no pueden contravenir el principio de legalidad ni de reserva de ley.
Las críticas también provienen del sector empresarial. Marcia Yazbek, exvicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, señaló en una entrevista en Ecuavisa que la rápida rectificación del SRI evidencia una falta de evaluación previa de los impactos sociales, políticos y económicos. “Lo primero que necesita el país es seguridad jurídica. No se pueden cambiar las reglas de un momento a otro”, advirtió.
Asimismo, alertó sobre los efectos en la cadena productiva y el consumidor final. Según explicó, entre el 25 % y el 35 % del gasto de los hogares ecuatorianos se destina a alimentación, por lo que cualquier incremento impacta directamente en los sectores más vulnerables.
¿Habrá cobro retroactivo?
Otra de las principales preocupaciones es el posible cobro retroactivo del IVA hasta por cuatro años, incluyendo intereses y multas, a empresas que aplicaron tarifa cero en determinados productos. Para los expertos, esta posibilidad no solo carece de sustento legal, sino que podría generar graves consecuencias económicas.
“Es un absurdo legal intentar cobrar impuestos de forma retroactiva. Esto pone en riesgo la estabilidad de las empresas y la credibilidad del Estado”, se advirtió Yazbek desde el análisis empresarial.
Finalmente, se cuestiona el trasfondo de la medida. Analistas consideran que podría tratarse de un intento de ampliar la base tributaria para incrementar la recaudación fiscal, en medio de presiones económicas y compromisos internacionales. No obstante, advierten que hacerlo a costa de productos básicos podría profundizar las desigualdades y afectar la calidad de vida de la población.
Mientras tanto, la controversia sigue abierta y podría trasladarse a instancias judiciales, en un contexto marcado por la incertidumbre y el creciente malestar social.
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