Los dos años de cárcel y tres de libertad provisionada que la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos impuso el pasado miércoles contra Luis Álvarez Villamar, exgerente del Decevale, figura clave en el desfalco millonario de las inversiones del Isspol, es más que una sentencia. El castigo, dicen las autoridades del seguro policial, se convierte en un aliciente para seguir reclamando la justicia que merecen y recuperar parte de los recursos perdidos.

“El hecho de que exista un primer sentenciado en el exterior es una certificación de que lo que sucedió con el caso Isspol no fue un simple escándalo con fines políticos, como lo quisieron hacer creer en su momento, sino un verdadero atraco y una trama completa de crimen organizado político y económico transnacional”, manifestó ayer con satisfacción Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

El primer castigo penal de esta trama, que en Ecuador ha generado el inicio de 16 casos de investigación (sin que ninguno haya terminado aún en condena), llega luego de dos años y más de que se conociera públicamente del faltante de más de $ 900 millones en las cuentas del seguro policial, parte de ese dinero, hoy se sabe, fue canalizado al exterior a través de las empresas de Jorge Chérrez Miño, quien también es procesado en Estados Unidos.

Según la minuta de la Corte, a la que Diario EXPRESO tuvo acceso, Álvarez deberá también “pagar una tasación especial de $ 100,00 y una multa de $ 7.500,00; la restitución se determinará el 14/3/2023 a las 2:00 p. m.”, según se indica. En el documento también se señala que el acusado podrá apelar en un plazo de 14 días.

La pena se concreta luego de que Álvarez aceptara participar en una cooperación eficaz con la justicia de Estados Unidos, país que en mayo del año pasado empezó a investigar un esquema de pago de sobornos y lavado de activos con dinero que provenía del fondo del Isspol.

Eso facilitó que el 27 de junio de 2021, el exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) admitiera su culpa y haya declarado haber recibido sobornos.

Entre 2014 y 2019 aceptó “aproximadamente $ 3’155.671 de pagos, de cuentas bancarias controladas por Chérrez en los Estados Unidos, incluidos los depósitos realizados en el Distrito Sur de Florida, como un apartamento en Miami”, según consta en el acta de declaración. Todo esto por facilitar que Chérrez Miño, presidente de IBcorp Investment, pueda negociar bonos de deuda de Ecuador en poder del Isspol, usando como supuesto custodio de dichos papeles al Decevale. Así se confiaron 693 millones de dólares en bonos del Estado (deuda interna y externa).

La cooperación eficaz de Álvarez con la justicia norteamericana ha sido clave, porque si bien le ha permitido a él tener una pena más flexible, hizo posible que las autoridades accedieran a información y nuevas evidencias contra los otros dos procesados en ese país: John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, y Jorge Chérrez. Para la próxima semana se espera que la Corte dicte su veredicto contra Luzuriaga, quien al igual que Álvarez aceptó haber recibido sobornos ($ 1 millón). Chérrez, por su parte, ya ha sido declarado por Estados Unidos como prófugo de la justicia. Y sobre él pesa la difusión roja para su captura.

“Lo que esperamos ahora es que Luis Álvarez Villamar cumpla su sentencia en EE. UU., una sentencia que tampoco es tan benigna, porque si se suman los plazos, tanto los de la reclusión como los de la pena vigilada, es una sentencia cercana a los cinco años. Si se compara con casos nacionales, el exvicepresidente Jorge Glas ya está en libertad y es una pena similar. No obstante, lo que se espera es que una vez que él cumpla con eso, sea expulsado del territorio norteamericano y venga a rendir cuentas por los diferentes procesos que sobre él pesan en Ecuador”, señala González.

Pero los efectos de esta sanción podrían tener mayor alcance. El director del Isspol explica que esto también amplía la ruta para la recuperación de recursos.

“Los hijos del señor Álvarez Villamar, que a través de sus empresas también recibieron transferencias, deberían ya acercarse de buena manera al Isspol para empezar a devolver recursos. Caso contrario, nosotros iniciaremos los procedimientos judiciales y extrajudiciales para recuperarlos”.

A inicios de este mes, el Isspol contrató al consorcio Expertise, Gideon Fisher & CO., de Israel, para rastrear y conseguir la devolución del dinero de la institución, que se cree podría estar en cinco países, principalmente en Estados Unidos.

“Solo en este país ya tenemos ubicados $ 125 millones que están confiscados por las autoridades de allá. Aparte sume $ 40 millones que Citibank de Nueva York mantiene retenidos y que están relacionados a la mal llamada operación swap. Y $ 25 millones que están en Fish Corporation y los sobornos pagados”.

• EL PROCESO

Investigación. La Corte inició el proceso contra Álvarez Villamar el 19 de mayo de 2021, por participar en un esquema de pago de sobornos y lavado de activos con dinero que provenía del fondo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Sobornos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer, en un escrito del 27 de junio, que Álvarez declaró haber recibido sobornos.