A las 19:24 de este 28 de octubre de 2021, el Ejecutivo envió la Reforma Tributaria a la Asamblea Nacional. El secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, entregó el documento en el Legislativo. 

La propuesta se denomina proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, de urgencia en materia económica y contiene 255 artículos.

Al ser de carácter económico urgente, el proyecto de Ley debe ser analizado en máximo 30 días, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la reforma tributaria espera recaudar más de $ 1.900 millones en los dos primeros años de su vigencia. La cifra es $ 400 millones más que lo contemplado por la Ley para la Creación de Oportunidades, que fue rechazada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).  

Según el MEF, el 96,6% de la Población Económicamente Activa no se verá afectada con esta Ley. El principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de $ 5.000 al mes, tienen patrimonio mayor a $ 1 millón  y las mayores empresas del país. 

La cartera de Estado señaló que quienes ganan entre $ 2.000 y 5.000 mensuales harán “un pequeño aporte, proporcional a su nivel ingreso”. 

Tras los diálogos con diferentes sectores, dijo Finanzas, se definió, en la nueva propuesta remitida a la Asamblea que aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior al $ 1 millón (o más de $ 2 millones en sociedad conyugal) realicen, por única vez, una contribución temporal. 

Estos contribuyentes tendrán la opción de deducirse hasta $ 200.000 por su primera vivienda o tierras agrícolas improductivas. 

También se estableció que, solo por dos años, las más grandes y solventes empresas del país, con un patrimonio mayor a $ 5 millones, hagan una contribución solidaria del 0,8%. 

Se mantendrá el 0% del IVA para los autos eléctricos e híbridos y paneles solares. 

La iniciativa legal insiste en la necesidad de que sean reportadas a la autoridad tributaria las inversiones que los ecuatorianos tengan en el exterior. Además, clasifica a aquellos ecuatorianos con negocios relevantes en el país como residentes fiscales para que tributen como corresponde.