El pasado 22 de diciembre de 2022, se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Ley Fintech), que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de octubre. 

En términos generales, el cuerpo legal establece principios y requisitos para el ejercicio de las actividades Fintech, es decir, el desarrollo, prestación, uso u oferta de medios de pago centrados en la tecnología, servicios financieros tecnológicos, sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos, servicios tecnológicos del mercado de valores y de seguros. Además plantea reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación; al Código Monetario y Financiero; y, Código de la Economía Social de los Conocimientos.

La Ley entró en vigencia luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió allanarse a nueve objeciones propuestas por el Ejecutivo, que buscan clarificar el texto para mejorar la aplicación de la Ley; y, ratificarse en 6 artículos del texto trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico.

Tras su aprobación hay críticas sobre todo a la limitación de inversiones a posibles actores. La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) señaló que al no allanarse al veto parcial en su totalidad enviado por el presidente de la República, establece limitaciones de participación accionaria de entidades financieras privadas en empresas o compañías Fintech generando limitaciones de entrada para actores que ya tienen inversiones en sectores como el financiero. 

También, dice la AEI, corta líneas de financiamiento para emprendedores tecnológicos que tienen innovaciones para el sistema financiero que podrían permitir la inclusión financiera de poblaciones históricamente excluidas. 

La organización señala que al incluir estas barreras, empresas del sector financiero no podrían desarrollar aplicaciones o canales tecnológicos para realizar cobros, pagos, etc. Las cuales facilitan los procesos financieros tanto en zonas urbanas como rurales o sectores alejados a cascos urbanos. 

"Como AEI, consideramos que esto no promueve el desarrollo del sector Fintech, limita el dinamismo y crecimiento económico y la creación de más oportunidades para el país", aseguró la organización. 

Rodolfo Cappelo, socio de Asesoría Financiera de Deloitte Spanish Latin America, señala que si bien aún está pendiente el desarrollo de la normativa secundaria que permita la aplicación de la Ley Fintech, existen ciertas limitaciones en cuanto a los posibles inversionistas de estas empresas. 

Por un lado, las entidades financieras privadas (bancos) no podrán participar en el capital de las entidades fintech, dijo Cappelo. Por otro, los servicios tecnológicos del mercado de valores, las bolsas de valores, casas de valores, depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, así como las administradoras de fondos y fideicomisos, podrán invertir en estas compañías.