“Gracias por arreglar mi vida financiera y la de mi familia”. Con este mensaje, Jhon Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, habría agradecido en el 2015 a Jorge Chérrez el pago de más de $ 1,3 millones en sobornos, sin saber que siete años después el cometimiento de ese delito le costaría casi 5 años de prisión en Estados Unidos.

Esa fue la condena que la Corte del Distrito Sur de Florida emitió ayer en contra de Luzuriaga, quien fue directivo del seguro policial entre el 2010 y 2019. En el acta judicial, al que tuvo acceso EXPRESO, se le fija 58 meses de cárcel, seguido de 3 años de libertad supervisada y el pago, además, de una tasación especial de $ 100. En el documento también se señala que el acusado podrá apelar en un plazo de 14 días.

Se trata de la segunda condena que Estados Unidos emite en este mes, luego de que la justicia de ese país abriera en mayo de 2021 un proceso sobre el esquema de pago de sobornos y lavado de activos en su territorio, con dinero que provenía del fondo del Isspol. La primera (una prisión de 26 meses) se dictó el pasado 14 de diciembre en contra de Luis Álvarez Villamar, exgerente del Decevale, quien junto a Luzuriaga, en el marco de una cooperación eficaz con la justicia de EE. UU., admitió haber aceptado millonarios pagos por parte de Jorge Chérrez.

El dinero lo recibieron a cambio de facilitar que Chérrez, presidente de IBcorp Investment, pueda negociar bonos de deuda de Ecuador en poder del Isspol, usando como supuesto custodio de dichos papeles al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale). Así se confiaron 693 millones de dólares en bonos del Estado (deuda interna y externa), que hoy sigue reclamando el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

Renato González, director actual del Isspol y quien está a cargo de la tarea de recuperar las inversiones fallidas que, hace dos años, llegó a sumar los  $900 millones, dijo estar satisfecho del fallo, pues “es un hecho que ratifica el megaatraco que se cometió contra 80.000 familias policiales, por parte de élites políticas y económicas, nacionales e internacionales, que se coludieron muy sincronizadamente”, sostuvo.

En octubre del año pasado, la Corte de EE. UU. pidió retener bienes de Chérrez y Luzuriaga valorados en $ 176 millones. Chérrez, por su parte, ya ha sido declarado en ese país como prófugo de la justicia. Sobre él pesa difusión roja para su captura.

Después de estos fallos, dijo González, los abogados del Isspol gestionarán la recuperación de $ 40 millones que se mantendrían retenidos en Citibank, como remanente de la negociación de bonos, y buscarán frenar la ejecución de una hipoteca abierta de Ecuagran que afecta a la entidad. “Sabremos defender nuestros derechos ante cualquier poder económico y ante esto contamos con la ayuda del presidente Lasso, quien la semana pasada nos dijo que respalda la recuperación de los recursos, porque no solo atracaron al Isspol, sino al Estado ecuatoriano”.

La actuación de EE. UU. es además un aliciente para quienes buscan justicia. La expectativa es que estas sentencias impulsen la gestión de investigación de la Fiscalía de Ecuador, que ha abierto 16 procesos por este caso, sin que ninguno haya llegado a juicio.

• Decevale: Nuevas medidas cautelares

El pasado lunes, el juez de la Unidad Judicial de Albán Borja sustituyó el arresto domiciliario por prohibición de salida del país y presentación periódica, que pesa sobre Carlos Carbo Cox, ex gerente general de Decevale.

Carbo Cox es uno de los procesados dentro de este caso, donde se investiga una supuesta falsedad de información. Según el fiscal, César Suárez, la audiencia por este tema se retomará el próximo 9 de enero, donde se prevé receptar la defensa de los procesados acusados por Fiscalía.