El objetivo del Gobierno de atraer capitales frescos al país, con ayuda de su nueva ley de inversiones, guarda “buenas intenciones”, pero que corren el riesgo de quedar solo en papel, por la “forma restrictiva” en que se busca aplicar algunos incentivos. Así lo cree Marcelo Bodero, abogado y experto en este campo, al que considera no se le ha dado el suficiente impulso que merece.

- Los incentivos que se plantean para reactivar las Zonas Francas y las Zedes se muestran atractivos, pero ya en la práctica, tal como está planteada la ley, ¿existe la garantía para que esto finalmente despegue?

- Devolver beneficios como la eliminación del Impuesto a la Renta, facilitar exenciones como el IVA, ISD, parece interesante y correcto, pero el gran problema de esto es cómo se está limitando su aplicación. Creo que el Gobierno sigue con una visión muy restrictiva cuando plantea aplicar estos incentivos, pero solo a las nuevas inversiones. A ello se une también el tema de la tramitología. La creación de Zona Franca o Zedes sigue siendo un camino tremendamente engorroso.

- ¿En promedio, cuánto tiempo nos ha tardado crearlas?

- Imposible establecer una métrica ahora, por una simple razón: porque no se ha aprobado ninguna en muchísimos años. Si nos remontamos a la época del correísmo una Zede podía demorar un año y medio y pico, pero ahora no sabemos. Por lo tanto, el concepto es bueno, pero en la parte pragmática, de la constitución, del establecimiento hay que ver cómo se corrige eso. Aquí hay que pedir permiso, a dos, tres, cuatro entidades, que si bien tienen una vocación de promover la inversión, se chocan con otras como el SRI, el Ministerio de Finanzas, que por lo general son más restrictivas... Si usted me pregunta ahora, si esta es una solución para la captación de inversión extranjera o inversión local en el corto plazo, la respuesta es que no. En el largo plazo podría ser, pero allí vemos otros problemas.

- ¿Cuáles son esos?

- Primero, creo que los incentivos que se están dando no son lo suficientemente potentes, son menores a los que se tenían antes, y segundo que, salvo que el Gobierno se reelija, esa ley, por norma, debe ser revisada por la nueva Asamblea, con el riesgo de que sea derogada.

- Pero de llegar a pasar, ¿qué mejoras aplicaría?

- Además de revisar los tiempos, la tramitología, yo eliminaría la restricción que se aplica para los incentivos, el hecho de que solo sean para inversiones nuevas y retomaría el catastro que existe hoy por hoy de peticiones de Zedes y que está en manos del Gobierno. Las encauzaría con mucha velocidad, llamaría a esos inversionistas que ya han avanzado. A esos proyectos que ya tienen avances deberían permitirles, en corto tiempo, presentar sus modelos de negocios y darles los beneficios que están en este decreto de ley. Esos proyectos debería abrazarse, concluirse, terminarlos. Pero de esto, no es lo único que me preocupa. En este proyecto también se incluyen aspectos que, a mi parecer, son más negativos respecto a las inversiones en general; es decir, las que se crean por fuera de las Zonas Francas o Zedes.

- ¿A qué se refiere?

- En este proyecto existen dos disposiciones que son lesivas y, a mi juicio, contrarias a derecho. En la Disposición Transitoria Tercera, qué es lo que se dice, que si usted ya tiene un contrato de inversión en el marco del Copci (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones) que le da estos incentivos, y si usted quiere hacer una nueva inversión, usted ya no podrá acceder a estas ventajas. Para poner un ejemplo, hablemos de una compañía de retail que ha invertido 100 millones de dólares con la Ley de Fomento Productivo, hoy por hoy tiene un beneficio tributario, pero en el año 2024 si quiere invertir 100 millones más, esa empresa, según esa transitoria, no va a poder gozar de los beneficios tributarios que la ley vigente actual le permite. Para mí, este es otro factor que hace que esta ley sea restrictiva. Estos son puntos que hasta ahora no se han tocado, pero de los que hay que hablar.

- ¿Es afectar una opción de inversión más viable? En teoría, las empresas que ya están acá saben el mecanismo de juego, conocen sobre la inestabilidad del país, pero son las empresas que se atreven a seguir invirtiendo.

- Totalmente. Lo que usted dice es la descripción exacta de lo que podría pasar si esto no se corrige o al menos se lo reforma (flexibiliza).

- ¿Cuál es la otra disposición?

- La otra es la Transitoria General Quinta. Actualmente, dentro del marco de inversión, usted puede mejorar los beneficios tributarios si acelera la inversión, algo que es sano porque se está asegurando la traída de capitales, pero lo que dice esta transitoria es que esto ya no podrá darse eso, porque ya no se permitirá cambiar el programa de inversión.

- ¿Es un proyecto que queda corto? ¿Qué hay sobre las alianzas público privadas (APP)?

- De eso no se dice nada. El Gobierno, al inicio de su mandato, anunció que iba a promover el marco de inversiones sustentado en tres conceptos: Las APP, las alianzas estratégicas, que son figuras de búsqueda de socios para las empresas públicas, y el marco de inversiones en general, pero nada de eso se ha hecho. Todo lo contrario. En las tres materias que menciono, las normas son más restrictivas que antes. Si ahora se habla de inversiones privadas, salvo este decreto actual específico de zonas francas y sedes, el marco jurídico de inversiones en general, hoy tienen un peor tratamiento que al inicio de Gobierno.

• CONTEXTO

El pasado 23 de mayo, el Gobierno remitió a la Corte Constitucional su decreto-ley para la Atracción de Inversiones para el Desarrollo Productivo, para su posible aprobación. El proyecto, que plantea rescatar la operatividad de las zonas francas, tiene como objetivo atraer empresas tecnológicas o de servicios al país.

• ¿QUIÉN ES ÉL?

Bodero es socio fundador de la firma Bodero &y Asociados, que asesora a empresas sobre todo en el campo de inversiones. Bodero, quien fue vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), es máster de Derecho de la Unión Europea, tiene un posgrado en Inteligencia Artificial aplicada al Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, y posgrado en Metaverso, en esta misma universidad.