Autoridades de la Defensoría del Pueblo comparecieron la mañana de este 17 de agosto de 2020 ante el Complejo Judicial de Quito para presentar una demanda en contra del Estado, para exigir que se cancele de forma inmediata las remuneraciones que el Gobierno adeuda a los servidores públicos. 

La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, dijo a EXPRESO que se trata de una acción de protección a favor de miles de funcionarios que operan en los sectores de salud, educación y justicia, a quienes no solo se les debe el mes de julio sino la cancelación del Décimo Cuarto Sueldo (esto en el caso de quienes trabajan en la Sierra y Amazonia). 

Entre los afectados también están los trabajadores de la propia Defensoría. "Estamos impagos julio, pero en realidad no es un solo mes. Cuando nos pagan el mes lo hacen con tanto retraso que en realidad llegamos a tener dos meses impagos. En la práctica es así. Cuando nos paguen julio, no es que nos pagarán agosto, como  corresponde. Dejan pasar dos, tres, cuatro semanas. Cuando ya se cuelga el segundo mes  es que nos pagan uno y nos dejan otro pendiente". dijo Rovira. 

Los retrasos, según la funcionaria, han persistido desde abril, mes en que se desató la pandemia.   "Hemos presentado  esta acción por el Derecho al Trabajo, específicamente por el componente que guarda relación con el sueldo. A igual trabajo, igual remuneración, si estamos trabajando tienen que pagarnos", exhortó. 

Aún no están claros los montos totales que adeuda el Gobierno, por concepto de sueldos en la función pública. Este Diario ha solicitado información al Ministerio de Finanzas sobre el tema, pero respondió que, sobre el esto, se prepara un pronunciamiento. 

No se trata de la única acción legal que ha tenido que enfrentar el Gobierno. En julio pasado, la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados presentó la misma acción de protección ante un juzgado de Quito. Esta terminó con un fallo a favor del gremio, que obliga al Estado a cancelar estos haberes hasta en un máximo de 5 días. 

A través de esta medida, explica Vinicio Palacio, presidente de la Asociación, se logró beneficiar a más de 11.000 funcionarios entre los que constan jueces, secretarios y ayudantes judiciales, entre otros. El incumplimiento de esta sentencia, aclaró Palacios, podría implicar la destitución de la máxima autoridad del Ministerio de Finanzas. 

Palacios señala que el sector que sienta sus derechos vulnerados podría  presentar esta demanda, sobre todo aquellos considerados prioritarios. "La Constitución en su artículo 286 dice que los egresos que tenga que realizar el Estado por la salud, la educación y la justicia son prioritarios. Incluso,  se dice que si no hubiese dinero, esos egresos deben ser financiados con ingresos no permanentes, ya sea que provenga de la venta de petróleo".