Convertir la jubilación patronal en un fondo de ahorros para la vejez es parte de las propuestas de reformas que se busca aplicar en el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y que fueron presentadas a la ciudadanía en julio pasado a través de una comisión de economistas creada por este Gobierno, para mitigar la crisis económica que atraviesa la institución de los afiliados.

¿En qué consiste la reforma a la jubilación patronal? “La idea es que para los afiliados se abra una cuenta de ahorro para la vejez en el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) o en cualquier otra institución financiera. El trabajador aportaría voluntariamente a esa cuenta lo que quiera y el empleador con el 1 % del salario”, detalla a EXPRESO el economista y catedrático Augusto De la Torre, coordinador de la Comisión de Reformas al IESS, quien trazó junto a seis economistas más la propuesta.

De llegarse a conceder este nuevo régimen de jubilación patronal, aplicaría solo para los nuevos contratos de trabajo, es decir para las personas que por primera vez se adhieren a una empresa. El hecho de que los actuales afiliados queden fuera de este cambio es porque de lo contrario “se podría incurrir en temas de inconstitucionalidad”. Ante ello, De la Torre plantea usar la ayuda de un grupo de constitucionalistas que propongan un régimen de transición para los contratos laborales existentes.

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Este ahorro para la vejez en lugar de una jubilación patronal es parte de los planes de ahorro a largo plazo y cambios al sistema a los que apunta dicha comisión para que el pago de las pensiones jubilares en la actualidad, cuyo 40 % le corresponde al Estado, no exceda el 3 % del Producto Interno Bruto del país, menciona el comisionado.

Y es que el monto de pago de las pensiones es cada vez mayor porque la cantidad de jubilados crece. En el año 2022, las pensiones fueron de alrededor de 5.500 millones de dólares y el próximo pago estará por los 6.200 millones. “Son montos muy grandes que no pueden acomodarse en el presupuesto general”, advierte el economista.

Tal como ayer lo explicó EXPRESO, la motivación desde varios expertos y gremios para cambiar la forma de jubilación patronal se debe también a que cada vez las compañías están menos dispuestas a entregar esa pensión y prefieren despedir a sus colaboradores antes de los 25 años de trabajo, pues a partir de ese tiempo las compañías están obligadas a pagar dicha pensión vitalicia.

Esa falta de pago, que afecta a los fondos de la entidad, se refleja también en cifras. Hasta el pasado 13 de octubre la mora patronal, es decir lo que adeudan las empresas al IESS en rubros como jubilación patronal, aporte del seguro general obligatorio, seguros adicionales contratados, descuentos, intereses y multas, asciende a 2.254 millones de dólares, según datos del IESS facilitados a este Diario.

Una deuda que viene incrementándose con el pasar de los años, en especial desde 2020 con la emergencia de la COVID-19, punto de quiebre de muchos negocios. En 2022 la mora patronal estuvo en 2.146 millones de dólares, en 2021 en 1.929 millones, en 2020 alcanzó los 1.662 millones y un año antes, 2019, estaba en 1.320 millones de dólares.

El abogado Carlos Barrionuevo, experto en Seguridad Social, asegura a este Diario que de acuerdo con su experiencia, las demandas contra empresas por parte de trabajadores despedidos antes de llegar a los 20 años de servicio empezaron a subir de manera notoria desde el año 2016.

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Él sostiene que uno de los motivos principales de que la jubilación patronal se convierta en un ‘incentivo’ para despedir trabajadores, es el mal cálculo que hacen los jueces del monto a pagar por parte de las empresas. “Los jueces, a través de los cálculos, hacen que la cifra a pagar suba hasta en un 400 %, lo que empuja a las compañías a evitar entregar esos montos”.

Por eso, considera que es necesario que para los actuales beneficiarios de la jubilación patronal, se aclare la fórmula de cálculo. Y cree que en un futuro cercano este derecho debe eliminarse. “Solamente existe en este país, porque nació como una medida temporal en 1937 que nadie cambió. Eso debe cambiar porque ya existe la jubilación normal del IESS”, enfatiza.

La reforma a esta jubilación y otras propuestas han surgido para sostener el sistema de pensiones, cuya crisis, a decir de De la Torre, se verá reflejada en dos o tres años, cuando los fondos no sean suficientes para pagar tantas pensiones.

“En la actualidad, por cada pensión de un jubilado se requiere de cinco afiliados, y la población de jubilados es cada vez mayor. En dos o tres años el IESS va a necesitar más dinero, por lo que la reforma es inevitable. Se necesita generar más empleo formal para atraer más afiliados, pero también se necesita reformar el sistema”, reflexiona De la Torre.

Reformas a otros derechos

• Los fondos de reserva

La comisión también plantea modificar los fondos de reserva. Actualmente este es un derecho laboral que adquiere todo trabajador que presta servicios por más de un año al mismo empleador. Se trata de una contribución por parte del empleador del 8,33 % de la aportación del afiliado al IESS, que los trabajadores pueden retirar de manera mensual, o solicitar que se acumule. No obstante, la comisión de De la Torre quiere impulsar que este fondo sea únicamente una fuente de ahorro a mediano plazo. Y que de este 8,33 % de aportación del afiliado que va al fondo de reservas, los trabajadores puedan retirar la mitad cada mes y que la otra mitad vaya a una cuenta de ahorro con depósito a dos o tres años plazo. Esto, para quienes ganan el salario mínimo o más y para los nuevos contratos.

• Hay rechazo a cambios en pago

La Superintendencia de Bancos ha cuestionado la aprobación de las facilidades de pago que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dio para los empleadores en mora, porque dicha aprobación no contó con los informes de los Seguros Especializados, Áreas Nacionales de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo, Financiero y Actuarial. Así lo indica la entidad de control en su oficio de rechazo enviado al IESS.

Estas facilidades de pago se refieren a la ampliación del plazo de los Acuerdos de Pago Parcial (APP) de tres a seis años, que permite a los empleadores pagar sus deudas atrasadas en cuotas bajas y que forma parte del Proyecto de Reforma al Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera, que aprobó el Directorio del IESS en mayo pasado.

En su escrito, la Superintendencia mencionó que como paso previo para aprobar la reforma a estos acuerdos de pago, el Directorio debía evidenciar los beneficios o el impacto en la liquidez y sostenibilidad que traerían dichos cambios a la institución de los afiliados.

La entidad de control además cuestionó que el Consejo Directivo no haya analizado la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba reformar su normativa para reducir al mínimo el tiempo de cobro de las obligaciones patronales.

También criticó que los directivos del IESS no realizaran una evaluación de la eficiencia de las acciones de cobro ni de las consecuencias que traerían para los fondos de pensiones estas modificaciones en el pago.

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