Citadel hizo su propio festín al usar, bajo presunta conveniencia, los recursos del seguro policial. Los $ 32 millones que fueron confiados a la casa de valores, bajo la promesa de invertirlos en bonos con pacto de recompra, no solo terminaron por desviarse a las cuentas de varias empresas sino a actores del mercado que participaron en esta trama.

Este 16 de diciembre de 2021 se dio la segunda audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que se lleva a cabo por el caso Citadel (uno de los 15 procesos judiciales que están en marcha por el desfalco millonario contra el Isspol). Allí se revelaron nuevos detalles sobre la forma en cómo Xavier Neira Salazar, presidente de Citadel; Oriana Rumbea, esposa de Neira y exgerente financiera y administrativa del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale); Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, también exdirectivos del depósito de valores, llegaron a canalizar estos recursos con presuntas irregularidades.

El fiscal César Suárez sustentó las acusaciones en contra de los cuatro imputados que son investigados por falsedad de información en el mercado de valores Ante el  juez Juan Carlos Terán, quien dirigió la audiencia de forma telemática, expuso una letanía de irregularidades que habrían contaminado el proceso desde un inicio.    En junio de 2019, Citadel captó estos $    32 millones con el fin de adquirir bonos 2028 con pacto de recompra, pero estos papeles en ese entonces eran inexistentes. Eso llevó a que el dinero sea empleado bajo otro fin: créditos a terceras empresas y otras transferencias. Según el fiscal, Neira simuló un préstamo de su empresa familiar Forban Holding (Panamá) a favor de Envases del Litoral (Enlit), por $ 4 millones; otras transferencias se hicieron al Fideicomisos del Magisterio de Energía Renovable; a la empresa Salcedo Motors, a la compra de facturas comerciales, a Ecuagran, entre otros. 

La falsedad de información también se fundamenta con la actuación que tuvo el Decevale, ente que aparentó una supuesta custodia de estos títulos valores, a través de informes mensuales falsos que remitía al Isspol. No obstante, el dinero era manejado por ICS, empresa de Jorge Chérrez, también dueño de Ibcorp.

Renato González, director del instituto de seguridad policial, estuvo presente en la audiencia. Él lamentó la forma en cómo han sido usados estos recursos que, aclaró, salieron de los fondos de enfermedad de la institución. “¿Ahora entienden por qué el estado precario de nuestro subsistema de salud policial? Infames, se pudieron salvar cientos de vidas con esos recursos”, reclamó más tarde en redes sociales.

González se detiene a pensar en las pruebas presentadas por el fiscal, respecto al préstamo de $ 4 millones que hace Forban. “Cuando finalmente quedó un saldo de $ 1.8 millones, dispuso  que $ 800.000 sean entregados en 10 cheques de $ 80.000 para que estos sean cobrados cada semana”. Eso, enfatizó, debe investigarse. Ese es el tradicional esquema con el    cual se suele hacer lavado de dinero y eso debió ser una alerta. “Pero el SRI y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico)ni por enterados”.

El juez determinó al final de la tarde suspender la diligencia. Aún está pendiente una nueva fecha y hora para una nueva audiencia, donde se establezca un posible llamado a juicio en contra de los investigados.