Recurrir a la Asamblea Nacional. Ese será el siguiente paso que tomará la veeduría ciudadana convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para poder desclasificar los documentos que transparentarían la venta del Banco del Pacífico. La opción surge, luego de que el directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) declarara el pasado 8 de julio la reserva de este proceso, en un lapso de 15 años.

José Antonio Paz, coordinador de esta veeduría, cuenta que la investigación inició el pasado 4 mayo pasado con un pedido a la CFN, principal accionista del banco, de difundir el proceso que se sigue para vender la institución con activos que superan los $ 6.000 millones y con un patrimonio que alcanza los $ 769,8 millones.

“Como ecuatorianos nos interesa saber qué es lo que está pasando con la venta de este banco. Somos 17 millones de ecuatorianos los dueños de este activo que hoy maneja el Estado. Nos gustaría saber a qué manos va a ir, qué montos son los que se están negociando por este banco, que es el segundo más rentable del país y que al año está generando una rentabilidad de $ 100 millones”, dice Paz.

El pasado 23 de julio, a través de un comunicado, Roberto Dunn, presidente de la CFN, informó al CPCCS que la información que se solicita ha sido declarada (de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública) como clasificada o reservada por un lapso de 15 años. No obstante, en dicho documento, dice Paz, no se termina de justificar tal decisión.

El tiempo llama la atención a Paz. Él cuestiona el largo periodo en que se intentaría poner un veto a la información de un banco que maneja recursos públicos. “No sabemos bajo qué intereses se está respondiendo, por eso iremos a la Asamblea y buscaremos elementos jurídicos para que se quite el velo de esta documentación”. Por eso hace desde ya un llamado a los legisladores a apoyar, en su mayoría, esta intención.

Pero el tiempo no es lo único que sorprende. Algunos analistas critican que tal resolución de la CFN no se haya difundido, tal como lo dicta la Ley Orgánica de Transparencia de Información Pública.

Hernán Ulloa, abogado penalista, cuestiona esa falta de transparencia que habría durante todo este periodo. No obstante, hace hincapié en que, de cometerse alguna irregularidad en el proceso de negociación de la venta del banco, este delito no prescribiría.

“La Constitución del Ecuador establece que los delitos de administración pública son imprescriptibles y que además los responsables pueden ser juzgados en ausencia”, sostiene. Si existiera una malversación de fondos, un negociado irregular dentro de este tema, la justicia tendría como actuar. Este Diario intentó tener una versión de la CFN, del Banco del Pacífico y de la Superintendencia de Bancos sobre este tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.