En medio de la polémica que vive casa adentro la Función Judicial, este lunes 11 de septiembre de 2023 habrá un nuevo intento de instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha, Vladimir Jhayya, por presunto tráfico de influencias.

La diligencia fue convocada para las 08:45 de forma presencial y a través de los medios telemáticos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La audiencia estaba prevista para el 7 de septiembre pasado, pero Jayya pidió el diferimiento argumentando que sus abogados se encontraban en Galápagos cumpliendo temas profesionales.

En primera instancia, este caso estuvo en manos del juez Walter Macías, quien fuera destituido en una reunión atípica por el Consejo de la Judicatura con apenas dos votos, el de su presidente, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz. Esta acción mereció el inicio de una investigación de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de obstrucción de la justicia y abrió una pugna entre ambas entidades del sistema. Ahora, la causa es llevada por la jueza nacional Mercedes Caicedo.

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La investigación en contra de Barreno y Morillo inició en junio de 2022, tras la filtración de un audio en el que se escucharía a Morillo, en presencia de Barreno, pidiendo ayuda al entonces presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, para fallar a favor de una acción de protección ingresada por quien era presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y así salvarla del proceso de destitución que se llevaba en su contra.

Según la teoría de la Fiscalía, el juez provincial habría convocado a los funcionarios de la Judicatura a reuniones para abordar este y otros temas que no tenían necesariamente que ver con temas judiciales.

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El audio no es el único elemento con el que dice contar la Fiscalía. También, existe el testimonio anticipado de una jueza que habría participado de la cita y que incluso habría grabado lo que ahí se habló, ya que sentía que fue convocada por un jerárquico superior, Morillo, para algo que no estaba apegado a la ley. La funcionaria judicial se acogió al programa de víctimas y testigos.

“Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, ha señalado la fiscal del Estado, Diana Salazar.

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