Las dos cabezas detrás de la estrategia jurídica de Guadalupe Llori

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Las dos cabezas detrás de la estrategia jurídica de Guadalupe Llori

Asesor en esta área defiende recursos planteados. Legisladores dicen que no se protege la institucionalidad.  Se espera la sesión para crear comisión

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Cercanía. Julio César Sarango (Izquierda) ha defendido a Llori en varios procesos desde hace más de 13 años.Henry Lapo/EXPRESO

En la Asamblea Nacional los ojos de los detractores no solo se posan sobre la presidenta Guadalupe Llori. Quienes la asesoran en lo jurídico también empiezan a centrar la atención de los opositores por su estrategia para frenar los planes de evaluación y la eventual remoción de la funcionaria.

La medida cautelar solicitada para que no se conforme la comisión pluripartidista de evaluación y la denuncia ante la Fiscalía General, en contra de cinco de los siete integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por el presunto delito de usurpación o simulación de funciones, son los últimos actos de ese equipo no oficial.

¿Quiénes lo conforman? Entre los legisladores y algunos asesores legislativos suenan dos nombres: el del asesor jurídico Julio César Sarango y el del coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar Armijos. Ambos, se sentaron juntos la noche del lunes pasado para escuchar la sesión del CAL, presidida por el vicepresidente Virgilio Saquicela, en la que se calificó la denuncia en contra de Llori.

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Sarango es un antiguo conocido de Guadalupe Llori. Fue su abogado en diferentes procesos durante los años que fue perseguida por el correísmo, “pero es la primera vez que la acompaño en la función pública”, aclaró ayer a EXPRESO.

Y añadió, algo molesto, que no está detrás de nada oscuro como lo acusan algunos legisladores. “Estoy aquí de frente dando simplemente mi criterio jurídico sobre las herramientas que la ley permite para defender la institucionalidad”, señaló y reconoció que las decisiones finales salen de la coordinación.

Salazar, en cambio, ha sido el encargado de firmar el pedido de medidas cautelares y de entregar la denuncia en la Fiscalía. Es coordinador jurídico de la Asamblea desde el periodo anterior de César Litardo, de hecho fue el encargado de presentar la denuncia por “irrupción violenta” durante las protestas de octubre de 2019.

El asambleísta Darwin Pereira, disidente de Pachakutik, le recordó en la última sesión del CAL que se debe a la institución y que no es el abogado particular de Llori.

Este Diario buscó la reacción del funcionario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. Sin embargo, ha manifestado que su trabajo como coordinador es precisamente advertir a los legisladores de los errores en los que podrían incurrir y evitar que se vulneren las leyes que rigen a la Asamblea.

Pero al parecer, existe un tercer nombre. El asambleísta socialcristiano Esteban Torres rechazó ayer la actitud que habrían asumido varios funcionarios de la Función Legislativa, por decisión propia o por obligación, con el objetivo de proteger a Llori y mencionó un caso específico.

“Eso puede implicar una decisión del pleno que en alguna sesión incluso podría destituir al secretario de la Asamblea (Álvaro Salazar Paredes) porque es una potestad del pleno”, dijo Torres.

Salazar se excusó de participar en la sesión del CAL en la que se calificó la denuncia contra Llori, argumentando problemas de salud. En la anterior reunión tuvo un altercado verbal con Saquicela, lo que produjo la expulsión del vicepresidente de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

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Impase

El coordinador jurídico Santiago Salazar anunció que presentará una denuncia en contra del legislador correísta Ronny Aleaga que lo llamó “descarado” en la última sesión del pleno del CAL. La reunión se desarrolló en medio de tensiones por las observaciones que hizo Salazar a las decisiones legislativas.

Comisión

Tras la calificación de la denuncia en contra de Guadalupe Llori en la Asamblea se empezó ayer a hablar de la creación y la conformación de la comisión evaluadora. Eso sucederá siempre y cuando la presidenta convoque a la sesión para conocer el caso y para eso no tiene un plazo definido.