El contraste. La celeridad con la que otros países de la región, involucrados en el escándalo de sobornos confesado por el empresario brasileño Marcelo Odebrecht, deja en evidencia el ritmo de la Fiscalía General de Ecuador, donde por el momento no hay información pública.

Salta a la vista. Cruzando la frontera, en Perú, la Fiscalía de ese país ha logrado ser anexada a la entrega de información de las delaciones que la compañía hiciera en Brasil. El pedido, según las autoridades peruanas, se hizo formalmente en julio, cuando la prensa brasileña incluyó a Perú (y también a Ecuador) en la lista de países en los que los arrepentidos empresarios admitieron delitos. Ecuador no pidió información sino hasta finales de diciembre, cuando se conoció la delación de más alto nivel. La Procuraduría peruana ya ha recibido información de Estados Unidos, donde reposa el expediente completo y ha calificado los datos como “generales” pero “concluyentes” para seguir un hilo de corrupción que involucra a tres gobiernos anteriores. Consideran, sin embargo, que el monto de los sobornos “es muchísimo mayor” al confesado.

En Colombia, la Fiscalía conformó un grupo de tres fiscales de alto nivel y 20 investigadores para seguir la pista del escándalo que salpica al gobierno del expresidente Álvaro Uribe y al propio presidente Juan Manuel Santos. Las autoridades de control de ese país ya han logrado confirmar que “un alto funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe” es uno de los nombres en la delación. En Ecuador, el fiscal general Galo Chiriboga aún no ha podido ponerle nombre y apellido a los amigos secretos de Odebrecht, aunque ha adelantado que la información se manejará con carácter reservado.

Los congresos de Colombia y Perú han fijado la primera semana de enero para iniciar investigaciones parlamentarias sobre el tema y han adelantado que convocarán a los involucrados. Como contraparte, en Ecuador, la Asamblea no tiene planes para una investigación, no ha declarado intenciones de abrir una investigación y no está claro si permitirá la investigación de la no oficial comisión multipartidista que han decidido formar asambleístas de Avanza, PAIS, PSC, CREO y Pachakutik.

La investigación en Argentina no tardó en aparecer a donde llegan todas las grandes investigaciones por corrupción en ese país: el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se han abierto cuatro causas judiciales por el caso, incluyendo una contra el primo del expresidente Néstor Kirchner, cuya inmobiliaria recibió pagos de la compañía. La investigación apunta principalmente al exsecretario de Estado kirchnerista y actual congresista Julio de Vido, quien niega la sospecha. En Ecuador aún no se ha abierto causas judiciales, aunque sí se ha solicitado ayuda a Estados Unidos, Suiza y Brasil.

En Guatemala, donde la mundialmente célebre fiscal Thelma Almada, quien llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, conduce la investigación, el estado es avanzado. Las primeras pesquisas iniciaron en octubre, cuando la prensa informó sobre la posibilidad. Y, en palabras de Almada, “existe una investigación que llega hasta el Congreso”. Está previsto que el propio presidente Juan Carlos Varela se pronuncie hoy sobre este tema. En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha mantenido inusual silencio.

De momento, el único país que no ha abierto investigaciones sobre un caso que sacude 10 países de América Latina con gobiernos de izquierda y derecha, es Venezuela, donde el chavismo ni siquiera ha dado un pronunciamiento oficial al respecto y la oposición parlamentaria se ve imposibilitada de investigar ante el colapso institucional del país.

El dominó de Odebrecht se ha convertido en una cadena de investigaciones hiperactivas que, en Ecuador, han llevado al fiscal general a tuitear sobre el tema 22 ocasiones, en 48 horas. La información clave: los nombres, aún están en espera.