El papel aguanta todo. Lo mismo no puede decirse del gasto público. El gobierno del presidente Lenín Moreno restituyó, en 2018, el pago del 40 % de aportes a las jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que fue retirado ilegalmente por Rafael Correa. La medida, celebrada y promocionada por las autoridades, sirvió de poco porque el Ministerio de Economía y Finanzas, que dirige Richard Martínez, no ha pagado ese valor desde octubre del año pasado.

Es más, anteriormente se pagaron montos por debajo de lo que solicitaba el seguro para sus operaciones. De los 1.700 millones de dólares requeridos en 2019, se pagaron cerca de 1.200 millones. Se dejó un hueco superior a los 500 millones de dólares en un año. Un déficit que solo ahonda más la insostenibilidad de la institución.

Este año la situación es más crítica porque, aunque en el Presupuesto General del Estado se estima un rubro de 1.171,5 millones de dólares para el 40 %, Martínez no ha transferido ni un dólar en lo que va del año.

Tampoco se ha explicado dónde están los recursos que nunca llegaron a los jubilados.

¿Qué han hecho las autoridades del Seguro? Poco. Paúl Granda fue presidente del directorio del IESS durante el año pasado, hasta que salió por irregularidades en los gastos por emergencia, pero no exigió los pagos pendientes.

Granda, que representaba al Ejecutivo en el directorio, presentó los estudios actuariales que evidenciaban la urgencia de los recursos para evitar la quiebra del IESS, habló de crisis en la entidad, propuso cambios pero, al final, no consiguió lo más importante: que el presidente Moreno entregue dinero a la entidad.

Jorge Wated siguió por la misma línea. Cuando Vinicio Troncoso, exgerente del Banco del IESS, habló de la crisis interna, las autoridades pidieron que no se emitan comentarios al respecto. Luego, el 1 de julio, Wated envió una carta a Martínez para solicitar el pago pendiente, pero no termina de definir montos ni establecer cronogramas. La carta, publicada ayer por EXPRESO, quedaría en un archivo de documentos a los que el gobierno presta poca atención.

La ‘suavidad’ con la que las autoridades del Seguro tratan al principal deudor despierta curiosidad porque no existe el mismo comportamiento con otros morosos. Durante la emergencia sanitaria, como ejemplo, la Dirección de Pichincha presentó demandas contra deudores privados.

El 3 de junio, Andrés Campaña Remache, director provincial del Seguro, denunció a la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) ante la Fiscalía por una presunta retención ilegal de aportaciones. La misma acción se cumplió, en esa semana, contra Canal Uno.

Según Campaña, la universidad debía más de seis millones de dólares al IESS.

Una cifra que, aunque importante, es ínfima si se compara con los 500 millones de dólares que el gobierno no entregó por el 40 % de aporte en 2019, o con los $ 1.172 millones que no han llegado a la entidad en el presente año.

Este Diario consultó al ministro Martínez sobre el pago adeudado, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.