Aunque desde 2023 las instituciones de educación superior pública debían hacerse cargo de los procesos de admisión de nuevos estudiantes a sus carreras, al menos diez de ellas recibirán asistencia de la entidad que hasta el año pasado estaba a cargo de esta tarea: la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Esta es una opción prevista en la nueva normativa que transfirió el proceso de admisión (o lo devolvió) a manos de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos del país.

El pasado jueves 12 de enero, la entidad informó que la subsecretaria Andrea Ibáñez se había reunido con autoridades académicas en la Universidad de Cotopaxi, “a fin de reiterar el apoyo de la Senescyt y dialogar sobre la asistencia que brindará a 10 universidades, durante el proceso de admisión”. No ha precisado cuáles son esas instituciones.

El proceso incluye diversos pasos como el calendario de inscripciones, de las fechas para el examen de ingreso; elaboración de las baterías de pruebas; aplicación de los test en laboratorios informáticos; calificación y ponderación de los puntajes de postulación, que serán conformados por la nota de la prueba y la nota de grado o de la trayectoria académica; y finalmente la postulación a las carreras elegidas y la aceptación del cupo, si este le fuera asignado. 

Las diez universidades que menciona la Senescyt constituyen al menos el 30 % de las universidades públicas del país. Además, algunas instituciones de la Sierra han indicado que no prevén organizar procesos de admisión durante el primer trimestre del año, en que se gradúan los bachilleres del ciclo Costa.