La deuda: la vision de Contraloria

Sobre la deuda pública, interna y externa, el gobierno anterior creó una serie de mecanismos jurídicos, normativos, políticos y de “nuevo control” (en realidad formas y prácticos modos de eludir los mecanismos de verificación y transparencia) para que esta fuera leída, comprendida y aceptada en su versión.

Incluso, en una de sus últimas exposiciones, el anterior mandatario manifestó que la deuda “había sido auditada”, al igual que sus montos, porcentajes, alcances y destinos, y que por lo tanto no tenía que hacérselo nuevamente. Sin embargo, lo que no se expresó es que quien había realizado esa auditoría era el -hoy prófugo de la justicia- excontralor, que fue puesto ahí por decisión gubernamental.

Por eso era preciso salir del juego político e ideológico de comprensión, estudio y análisis riguroso de la deuda pública. Constituía una tarea y un deber ético proceder a una efectiva y objetiva auditoría de ella. Esto se imponía como necesidad y como una demanda de toda la ciudadanía.

Para el efecto se la comenzó a realizar con una comisión veedora que fuese capaz de darle seguimiento a ese proceso de investigación que realizaba esa instancia del Estado (la actual Contraloría).

Los resultados de esa auditoría ya salieron a la luz pública. Señalan y evidencian aquello que todo conocedor elemental del endeudamiento suponía y entendía: no hubo honestidad ni transparencia en todos los hechos y cuantías. Especialmente de sus montos, pues resultaba sospechoso que hasta se erigieran disposiciones para considerar ese proceso como “secreto”.

Conocidos los resultados de dicha auditoría, hoy se sabe que hubo un juego político e ideológico con el manejo de la deuda. Incluso que se falsearon y se ocultaron hechos y cifras para eludir controles y montar actuaciones nada transparentes. Por eso se crearon normas jurídicas de ocultamiento.

Ahora el país ya tiene los elementos para sacar conclusiones y saber la verdad sobre ella.

Ya se conoce que se mintió, se maniobró y se realizaron acciones nada éticas. Los funcionarios implicados en ese proceso, ahora deberán responder por qué se procedió así. Esto es lo que espera el país, que quiere conocer qué es lo que realmente hay en el “fondo” de todo esto. Es una exigencia ciudadana que ningún responsable puede ni debe eludir.