Una deuda del tamano de salud y educacion

El saldo de $ 42.000 millones que Ecuador tiene de deuda pública no es un tema que esté bajo la lupa de analistas económicos. Lo que realmente les preocupa, dicen, es el costo que el país debe pagar anualmente por el servicio de este haber (suma de intereses y capital). Un monto que, calculan, este año podría superar los $ 13.000 millones. Eso equivale a destinar $ 1.000 millones al mes en este pago o direccionar casi el doble de lo que el país asignó el año pasado en educación y salud ($ 6.800 millones).

Alberto Acosta, editor de la revista Análisis Semanal, explica que el costo de servicio de deuda ha aumentado, conforme han venido empeorando las condiciones de los préstamos que el Gobierno ha adquirido en los últimos años. Esto es a plazos cortos e intereses altos (de hasta el 10,75%).

En el 2015, menciona, ese rubro anual estaba en $ 9.700 millones, pero en el 2016 alcanzó los $ 12.700 millones. “Entonces vemos cómo este servicio cada año está representando un costo mayor del presupuesto. Podemos decir que del total de gastos y amortizaciones que hace el Estado, el servicio de la deuda en el 2015 representó el 29 % y que al 2016 subió a un 35 %”, dijo.

La tarea del actual Gobierno, según los analistas, está en ver cómo se merma este costo que ya impacta las finanzas públicas. La solución, agregan, empieza por hacer un ajuste “creíble” del gasto público. Esto ayudaría a reducir el riesgo país y a salir de la calificación de “bono basura” que adquirió la semana pasada país, luego de que la agencia internacional de calificación Standard & Poors (S&P) rebajara la nota de deuda, a largo plazo, de B a B-.

A criterio del presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda, esto permitiría a Ecuador conseguir endeudamiento en mejores condiciones: a plazos más largos y tasas más bajas y con ello reemplazar el financiamiento caro que hoy se tiene.

Yumibanda advierte que aunque sea la única alternativa viable, recortar el gasto público tendrá también su impacto. “Estamos hablamos de un recorte de la inversión pública, un indicador que es altamente sensible”. Menos inversión, sostiene, equivale a una menor construcción de obra pública, que repercute en una menor dinámica empresarial y en menos generación de empleo.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ha intentado dar buenas señales en el mercado al garantizar un cumplimiento estricto de los compromisos internacionales adquiridos. Para ello, ha confirmado que la solución efectivamente será mejorar las condiciones de deuda de la que hablan los analistas. ¿De qué manera? Eso aún está por verse.

Esta secretaría de Estado se dispone a presentar la proforma presupuestaria de este año que, según han admitido autoridades del mismo Gobierno, tendría una brecha de financiamiento (la suma del déficit más el pago de amortizaciones de deuda) de $ 12.500 millones. Por ello la tarea en estas semanas se resume a ordenar y actualizar las cifras. LZR