En los próximos días, la Asamblea promulgará la Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y dispondrá su publicación en el Registro Oficial, con lo cual los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y las universidades tendrán la facultad de retener en sus cuentas el impuesto al valor agregado (IVA) generado en sus compras.

La norma legal entrará en vigencia una vez que la Corte Constitucional (CC) declaró improcedente el veto presentado por el expresidente Lenín Moreno a las reformas del proyecto que aprobó el Legislativo.

De esta manera se corregirá el retraso y mora en la devolución de ese impuesto por parte del Gobierno central. Según los representantes de los gremios que agrupan a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, actualmente existe una deuda por ese concepto que llega a los 187,5 millones de dólares.

Para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el fallo de la CC significa contar con recursos que volverán de forma inmediata a las arcas de las alcaldías. “Nos permitirá tener la liquidez necesaria”, señala Raúl Delgado, presidente del gremio.

Según los cálculos de la AME, la deuda por retención del IVA es parte de un monto impago que el Gobierno mantenía con los municipios que llega a los $ 1.015 millones. Desde el jueves pasado, delegados de esa asociación y del Ministerio de Finanzas mantienen diálogos en mesas de trabajo.

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, dijo, el pasado 23 de junio, que solucionar las demandas de los GAD es un tema prioritario para el Gobierno, y que su voluntad es encontrar las mejores soluciones, “cumpliendo siempre lo que dictan las normas legales vigentes”.

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) también quiere llegar a acuerdos con Finanzas para el pago de los $ 100 millones que, según asegura, le adeuda esa cartera por concepto de retención del IVA. Ese monto es parte de una deuda de $ 623 millones, señala el gremio.

“En la presente semana nos reuniríamos con el Gobierno para analizar dos propuestas de pago que hemos planteado. Algunas prefecturas aceptan que sea a través de bonos del Estado y certificados de tesorería”, sostiene Edwin Miño, director ejecutivo de Congope.

Las juntas parroquiales también padecieron por la retención del IVA, dice René Lucero, director ejecutivo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare). Menciona que está pendiente el desembolso de $ 2,5 millones. “Siendo que no tenemos la capacidad para generar recursos propios, hemos pedido que al menos nos den prioridad en el pago de las asignaciones”, señala.

EL DETALLE

Disposición. La Corte Constitucional anunció su fallo el pasado domingo. Consideró que no existía la inconstitucionalidad que argumentaba el Ejecutivo.

DEMANDA

CC debe pronunciarse también por los recortes

Las 23 prefecturas y 221 municipios están a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre una demanda que interpusieron por reformas legales y actos administrativos ocurridos con relación a la entrega de los recursos presupuestarios, que se basan en la aplicación del artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Congope y AME demandaron la inconstitucionalidad de los recortes que desde el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectúa en las asignaciones a los entes seccionales por concepto del modelo de equidad territorial.

Los gremios dicen que Finanzas se niega a reconocer la reliquidación del monto que sale de la diferencia entre lo que descuenta y lo que, según los demandantes, legalmente debió reducir en las cuotas presupuestarias.