Descaro y apatia

Los últimos acontecimientos relacionados a la posible recuperación por parte del Estado de millones de dólares provenientes de sobornos causan estupor.

Resulta que el dinero en cuestión fue entregado a una de las empresas más grandes del país que, según dice, no conocía su origen, pese a que había sido traspasado por otra compañía también cuestionada, sin que se encendieran las alarmas tributarias.

Pero eso no es todo. En agosto del año pasado, la empresa en cuestión ya había devuelto a la Fiscalía otros millones de dólares adicionales como evidencia, sin embargo aquí no ha pasado nada.

¿Cómo es posible que en el Ecuador existan organizaciones que sigan operando pese a que confiesen no conocer el origen del dinero que ingresa a sus cuentas, pero que después lo declaran como si se tratase de un plato de lentejas?

Lo que más preocupa es la poca reacción que ha tenido el caso en la sociedad ecuatoriana, tan acostumbrada últimamente a este tipo de escándalos que se pierden bajo una montaña de papeles.

¿De qué sirve que el régimen contrate auditorías con empresas internacionales a través de la ONU sobre las obras estratégicas del correato si en el mismo instante en que se entregan los resultados la respuesta es que no hay peritos para investigar?

En ese estado se encuentra este caso en el que las autoridades no han tomado acciones contra quienes intentan violar la ley, al no intervenir en las cuentas de los involucrados para determinar qué hay detrás de esta dudosa buena voluntad de colaborar con la justicia.

¿Se declararon esos dineros al SRI? ¿Cuáles fueron los filtros tributarios por los que pasó esa cifra? ¿Qué hizo la UAFE al respecto durante todo este tiempo?

Sería una señal de seriedad y transparencia el hecho de que el Estado suspenda todo contrato de exclusividad con quienes han sido salpicados por el escándalo y que los políticos, tan encerrados en sus propios escándalos, exijan celeridad para castigar a quienes usaron ilegalmente recursos del pueblo.

De lo contrario, se confirmaría el hecho de que vivimos en el reino de la impunidad, donde cualquiera puede interpretar las normas a su antojo para burlar al soberano. Los silencios de la clase política son preocupantes.