Una medida cautelar contra el proyecto de Alianza PAIS que pretende elevar a categoría de ley el polémico decreto 16, que regula el registro y funcionamiento de las organizaciones sociales.

Hoy, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) acudirán a la Sala de Sorteos de la Función Judicial para interponer el recurso legal contra el proyecto del Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social.

Como publicó EXPRESO, la semana pasada, esa es una iniciativa legal de la legisladora y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Johanna Cedeño.

La propuesta, que aún no está calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), amplía las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y regula la constitución legal de las organizaciones.

Luis Saavedra, presidente de Inredh, en diálogo con este Diario advirtió que convertir el cuestionado decreto 16 en una ley orgánica será “muy grave para la democracia, la independencia y el pluralismo en el país”.

El Gobierno, dijo, tendrá la posibilidad de ejercer “un mayor control a las organizaciones que no son afines a él”.

Lo mismo opinó Elsie Monge, titular de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu). “La ley tendrá más fuerza, quitará autonomía e independencia a las organizaciones. Es un golpe para todas”, señaló.

El proyecto, que tiene 198 artículos, también es criticado por los sindicalistas contrarios al Gobierno. Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, dijo en un comunicado que el proyecto “busca someter a las organizaciones y, con cualquier pretexto, disolver a las que no sean de su gusto”.