La punta del ovillo. El caso Metástasis no sólo desveló cómo el narcotráfico permeó y contaminó parte de la justicia y las filas policiales de Ecuador para que estas operaran baja su mando; también evidenció cómo los grupos criminales y funcionarios públicos burlaron los deficientes ‘filtros’ del Estado para cometer delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria e, incluso, apoyar con el dinero del narco a políticos en campaña electoral.

Así lo ha dejado entrever este caso que empezó a tejerse en octubre de 2022, con la incautación de los teléfonos celulares que utilizaba el narcotraficante Leandro Norero al interior de la cárcel de Latacunga, Cotopaxi, tras su asesinato. No con una investigación o informe emitido por las instituciones del Estado llamadas a prevenir este tipo de delitos, para alertar a la justicia del país.

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Lavado de activos

Muestra de este delito, la inversión que hizo Norero en un equipo de fútbol ecuatoriano de Segunda Categoría, al que identificaba en los chats del caso Metástasis, publicados por Fiscalía, como Los Naranjas.

O la participación que habría tenido Armando Heriberto Ruiz Torres, mayor de la Policía Nacional que trabajaba como jefe distrital en Colta, Chimborazo. Según la investigación realizada por Fiscalía, este uniformado habría trabajado directamente con Norero, lavando su dinero a través de la compra y venta de automóviles, para luego realizar el pago de sobornos a funcionarios judiciales.

A criterio de Renato Rivera Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), en Ecuador los filtros de instituciones como la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) son vulnerados porque no existe un sistema preventivo y activo.

“No tenemos una cultura de investigación criminal o de inteligencia al crimen organizado. Esperan que exista una denuncia en firme para que se active el sistema”, manifiesta.

Muestra de que esta es una problemática que data de años, la única sentencia que se emitió entre 2020 y 2022 por lavado de activos en Ecuador, según Rivera y el análisis realizado por el Observatorio que conforma. Una cifra irrisoria si se compara con los 1.280 informes ejecutivos (base de datos de sospechosos) que remitió la UAFE en 2023; o los 20 Reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII), que implican un total de $ 97’278.127, 97 lavados.

Para Douglas Torres, docente de Auditoría Forense en la Universidad de Guayaquil y perito en lavado de activos, no es suficiente remitir el informe si hay deficiencia en materia probatoria. “Todos esos elementos que llegan a la Fiscalía, enviados por la UAFE, Superintendencia de Bancos, de Compañías y otras entidades de control que tienen sus unidades contra el delito de lavado de activos, son muy pobres técnicamente, por eso se diluyen en el proceso”, argumenta.

La causa, según Torres, quien se desempeñó como auditor general en la UAFE, se origina por la falta de personal probo en estas unidades. “Los perfiles que realizan las investigaciones no son los adecuados. Les hace falta preparación holística, inteligencia criminal”.

Enriquecimiento ilícito

Los chats de la operación Metástasis también develan los 200 mil dólares que habría pagado el narcotraficante Leandro Norero a funcionarios judiciales por la liberación de dos de sus sicarios: alias Madrid y Cuyuyui.

A esto se suma el patrimonio próspero de jueces y fiscales que, pese a tener un sueldo mensual que oscila entre 2.000 y 4.000 dólares, cuentan con un patrimonio elevado y, en algunos casos, incluso millonario.

Uno de ellos, el exjuez Ronald Javier Guerrero, quien según la tesis de la Fiscalía sustentada en los menajes encontrados en el celular de Norero, emitía resoluciones a favor del narco a cambio de sobornos. El jurista tiene un patrimonio de 540.899 dólares.

Un patrimonio que fue reportado ante la Contraloría en 2022, a través de una declaración juramentada, y que de llegar a ser señalado por las autoridades como un caso de enriquecimiento ilícito, debió ser detectado sin excusa alguna por los organismos de control hace mucho tiempo, señala el abogado penalista Kleber Siguencia. “No pueden decir que se les pasó por alto, cuando tienen acceso directo a los movimientos financieros de todos los que están sujetos a ese control, porque se trata de servidores públicos que ejercen potestad pública y que perciben recursos del Estado”.

El apoyo del narco a la campaña electoral

Sobre esto, el Consejo Nacional Electoral no vio nada. Según los chats publicados por Fiscalía, Norero habría apoyado la candidatura de la actual alcaldesa correísta de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, para luego “adiestrarla”. Como también la de Alexandra Arce en 2022, para la Alcaldía de Durán.

Un apoyo que seguirá siendo posible mientras el ente llamado a regular el proceso no establezca un sistema eficiente para detectar y evitar que el crimen organizado se introduzca en la política, según el analista y experto electoral Daniel González.

“En la última reforma electoral se dispuso que el CNE establezca un sistema interconectado entre la UAFE y otros organismos para detectar todo tipo de movimientos irregulares en estos procesos. Sin embargo, esto no se ha cumplido. El CNE sigue confiando en la buena voluntad de las organizaciones políticas y haciendo reportes manuales sobre el financiamiento en periodo de campaña electoral”.

Este Diario solicitó información a la Fiscalía acerca del número de alertas o denuncias que han emitido las instituciones de control por los delitos de lavado de activos, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, vinculados al caso Metástasis, durante el periodo 2022-2023. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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