La vigencia del Decreto 16 podría convertirse en una traba para que los actores y organizaciones sociales tengan una participación más activa en la elección, por votación universal, de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, como se propone en la consulta popular.

En los anexos justificativos presentados por el presidente Lenín Moreno a la Corte Constitucional se establece, entre otros requisitos (ver gráfico), que los postulantes deben tener trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana y lucha anticorrupción.

Pero el exconsejero del Consejo de Participación, David Rosero, dice que a raíz de ese decreto, que pone condiciones a las organizaciones para su funcionamiento, se habría limitado el accionar de estas agrupaciones, al punto de llevarlas casi a su extinción.

“No olvidemos que el anterior gobierno disolvió más de 400 organizaciones y las que sobrevivieron lo hicieron con dificultades. Por eso, antes de cualquier elección, es necesario que el presidente emita un decreto, derogando esta normativa”, dijo Rosero a EXPRESO.

Un criterio similar tiene el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, quien dice que se debe suprimir esta normativa lo más rápido posible para que las organizaciones sociales puedan dedicarse a reconstruir su tejido social y presenten las mejores opciones para una eventual elección.

“Hay que empezar a reforzar las organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos humanos para evitar que nos sorprendan y que cualquier persona se candidatice, tomando en cuenta que una organización se puede crear con días de anticipación a la inscripción de candidaturas”, señaló Oleas.

Varias organizaciones sociales se han reunido, a raíz del anuncio de la consulta popular, para desarrollar una propuesta que abordará varios puntos. Uno de ellos, que las organizaciones puedan presentar sus candidatos y que sea el Estado el que financie la promoción de los postulantes para evitar la injerencia política, dijo a este Diario Solanda Goyes, coordinadora de Nosotras por la Democracia.

Ella considera que, si bien, hay que eliminar el Decreto 16 y sus modificaciones las organizaciones sociales que resistieron a su aplicación están listas para proponer candidatos a conformar el Consejo. “Aquí se va a demostrar la madurez de las organizaciones sociales. Si no logran articularse y unirse para tener a los mejores candidatos, no podrán volver a criticar a los partidos políticos a los que se cuestiona justamente por su falta de consenso”, dijo Goyes.