En medio del camino hacia la segunda vuelta electoral, el conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido un tema esquivo en las apariciones públicas de los candidatos a la Presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González.

Lea también: El nuevo gobierno se instalará a finales de diciembre, según los cálculos del CNE

El 24 de agosto, el juez de Montecristi Leiver Quimis admitió una acción de protección presentada por la señora Betty Moreira y ordenó la creación de una veeduría ciudadana para revisar el cese de funciones y designación de los magistrados de la Corte Constitucional, hecha por el CPCCS transitorio.

Esta acción, según la propia Fiscalía General del Estado, contraviene el dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional en 2019, que ‘blinda’ las actuaciones administrativas del Consejo presidido por Julio César Trujillo.

Lea también: Yasuní: Las declaraciones de Lasso fueron "reflexiones" sobre la consulta popular

Este Diario intentó contactarse con los presidenciables para consultar su postura acerca del conflicto entre entidades. El equipo de Luisa González señaló haber remitido la consulta, pero hasta el cierre de esta edición no hay respuesta alguna.

Por su lado, el equipo del candidato Daniel Noboa señaló a este medio que él “da su respaldo rotundo a la Corte Constitucional”, sin brindar mayores detalles respecto a si esta acción del Consejo de Participación podría ser un riesgo para la institucionalidad del país.

El que los candidatos se mantengan al margen del conflicto, según el docente de la Universidad San Francisco de Quito y analista político, Pablo Medina, es entendible porque “en la práctica, el presidente no puede hacer nada al respecto”.

Lea también: Elecciones 2023: la Conaie sigue sin definir a quién apoyará en segunda vuelta

Esto a pesar de que pronunciarse les pueda generar un rédito político, más aún en el camino hacia la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, según continúa, no podrían hacer “más allá de llamar al respeto de la institucionalidad”.

Asimismo, sostiene que este es un conflicto que debe resolverse por la vía que ya ha tomado, la judicial. “En esos términos, lo que pretende el CPCCS está absolutamente por fuera de sus competencias”, señala y dice que la Corte Constitucional ya actúa en ese sentido.

Lea también: Elecciones en Ecuador: El CNE genera recelo para los próximos procesos electorales

Por su parte, Mauricio Alarcón, jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), señala que las funciones del Estado son independientes y el tema se lo debe analizar desde la no injerencia de los candidatos presidenciales.

“La opinión política de actores relevantes, como en este caso de quienes aspiran a la Presidencia de la República, es fundamental frente a un conflicto que tiene consecuencias directas en su posible función”, dice.

En ese sentido, y partiendo desde que se debe abordar el tema desde la independencia de funciones, considera importante conocer los criterios de los presidenciables en este conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!