Hay expectativa. La magistrada María Miranda Durán, de la Corte Provincial de Manabí, será la jueza ponente de la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en contra del fallo del juez de Montecristi, quien ordenó la creación de una veeduría ciudadana para que revise las acciones del Consejo de Participación transitorio.

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El 24 de agosto, el juez Leiver Quimis admitió una acción de protección presentada por la señora Betty Moreria Marcillo. En ella se solicitaba la creación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar el cese de funciones y designación de los magistrados de la Corte Constitucional realizada por el Consejo de Participación transitorio.

Este 7 de septiembre, según consta en el expediente judicial, fue sorteada la apelación y la misma recayó en la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, conformada por los jueces María Miranda Durán (ponente), Carmita García Saltos (en reemplazo de Franklin Roldán Pinargote) y Gina Mora Dávalos.

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La jueza Miranda Durán registra una dilatada experiencia en el sector público que data de 2010, cuando ejerció como especialista técnica de abogacía en la Contraloría General del Estado. Luego, inició su carrera en la Función Judicial.

En 2012, comienza como jueza del Tercer Tribunal Penal de Manabí. Luego, en 2015, pasa a ser magistrada de la Corte Provincial de Manabí y jueza de Garantías Penales. Desde 2017 es jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí.

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Durante su periodo como magistrada de la sala penal de Manabí, Miranda Durán resolvió la apelación del caso Brenda (nombre protegido) sobre abuso sexual, declarando inocentes a los denunciados. Esto pese a que en primera instancia fueron hallados culpables.

Por su parte, la jueza Carmita García Saltos, también integrante de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí en reemplazo del magistrado Franklin Roldán Pinargote,  tiene más de 15 años de trayectoria en el sector público.

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Entre 2009 y 2010 inició como secretaria de juzgados. Luego, entre 2010 y 2014, pasó como jueza del séptimo Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Un año después, en 2015, fungía como jueza de la Corte de Manabí y, desde 2016, de la Sala de lo Penal. En enero de 2023 fungió como presidenta de la Corte de Manabí; ya no está en el cargo.

En abril de 2023, la magistrada trató el proceso en contra del exjuez Simón García, quien liberó a Daniel Salcedo, por un presunto prevaricato. En dicho caso dispuso la prohibición de salida del país, presentación periódica y dictó prohibición de enajenar bienes y señaló el inicio de la instrucción fiscal de 90 días.

Gina Mora Dávalos, también magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte de Manabí, tiene trayectoria en el sector público. Entre 2006 y 2009 fue notaria del cantón Pedro Maldonado por la Corte de Justicia de Pichincha.

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Entre 2013 y 2014, por su parte, registra haber trabajado como agente fiscal de la Fiscalía General del Estado. Ese mismo año fue notaria y, luego, fungió como jueza provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, según registros públicos.

En el expediente judicial aún no consta una fecha para la audiencia de apelación. Mientras, el presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, ha señalado que la convocatoria a la veeduría ciudadana está en marcha y se encuentra a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en funciones sobre la procedencia o no se la sentencia.

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