Empezó el conteo regresivo. La consulta popular por el incremento o no del pasaje de transporte urbano en Guayaquil avanza con la designación de Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, como juez sustanciador del pedido impulsado por el colectivo ‘Tejido Social de Guayaquil’.
En la providencia con fecha 17 de marzo de 2016, Ruiz avoca conocimiento del caso. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional contempla un plazo de 20 días máximo para que la Corte emita una resolución (ver apoyos).
El Reglamento de Procesos de Competencias de la Corte Constitucional es más específico. Fija un plazo de 10 días, contados desde la entrega del expediente en el despacho del juez, para que este emita un proyecto de dictamen. Y otros 10 días, contados desde la entrega del proyecto de dictamen en la secretaría general de la Corte, para que el pleno resuelva su decisión final.
Ruiz, en la providencia del 17 de marzo, también dispone se notifique al presidente Rafael Correa; a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira; el procurador general del Estado, Diego García; el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito; y al procurador común del colectivo ‘Tejido Social de Guayaquil’, Gelacio Mora.
El pedido de consulta necesita un dictamen favorable de constitucionalidad para que el expediente retorne al Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de organizar la consulta popular.
El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, aseguró que la institución cuenta con la capacidad logística y técnica para organizar la consulta, pese a tener a cuestas dos procesos en marcha: la consulta popular por la pertenencia territorial del sector Las Golondrinas y las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero de 2017. En cuanto al presupuesto, comentó que el Ministerio de Finanzas deberá desembolsar los recursos, cuyo valor aún no se conoce. “Estamos a la espera del dictamen de la Corte. Si se pronuncia favorablemente, el Consejo tiene plazos mandatorios: 15 días como máximo para convocar y 60 días para llevar adelante el proceso”.
El expediente del caso llegó a la Corte el 26 de octubre de 2015. Esto, luego de un proceso de recolección de firmas impulsado por el colectivo que está integrado por 396 organizaciones sociales, barriales y comunitarias de la ciudad. Las rúbricas fueron validadas por el Consejo Electoral.
Si el fallo de la Corte es favorable y se cumplen los plazos, a finales de abril o inicios de mayo el CNE deberá convocar a la consulta.
