La minería ilegal y todas sus actividades conexas fueron declaradas como amenaza a la seguridad integral del Estado. El secretario de Seguridad Diego Ordóñez informó que esa fue una de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Esa instancia resolvió también que para afrontar esa amenaza se aprobará una estrategia definida por el Cosepe.

Ese organismo también decidió que habrá respaldo para las concesiones mineras legalmente establecidas. Se ha anunciado que se necesita de un reordenamiento normativo. Para ello anunció la firma de un decreto y el establecimiento de sanciones. Habrá operaciones de control y a aplicación de la normativa por parte de la autoridad.

No hay declaratoria de zonas de seguridad a las mineras, aclaró el funcionario.

Para Ordóñez no es fácil establecer un porcentaje de penetración del crimen organizado en la minería ilegal pero reconoció que hay vínculo cercano entre la minería ilegal y lavado de activo que es parte del crimen organizado que involucra tráfico de armas, tráfico de personas y otros.

Existe ya la disposición que las fuerzas del orden tengan los recursos en el caso de ser necesario.

En al menos 11 provincias se estaría ejerciendo minería ilegal. Entre ellas están Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, El Oro, Azuay, Imbabura y Loja.