El tiempo les dio la razón y también la justicia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el Caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador resolvió que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia, y a la estabilidad laboral de un periodista y los directivos de un diario. 

Se refiere al periodista Emilio Palacio y a los directivos de diario El Universo, contra quienes el expresidente prófugo Rafael Correa impulsó acciones judiciales por la publicación de un artículo de opinión titulado 'No a las mentiras', relacionado con los sucesos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

El expresidente prófugo demandó en 2011 por injurias a Palacio y a tres directivos del diario tras la publicación del artículo de opinión, el 6 de febrero de ese año. En ese mismo año la justicia le dio la razón a Correa y los directivos recibieron una sentencia como autores coadyuvantes. La condena fue de tres años y el pago de $ 40 millones que en febrero de 2012 terminó con el 'perdón' del exmandatario.

César Pérez, uno de los afectados por la violación de derechos escribió en su cuenta Twitter: "La sentencia trucha de Rafael Correa al basurero de la historia". En redes sociales se evidenciaron las felicitaciones. El exvicepresidente Otto Sonenholzner escribió en su cuenta de Twitter: "La resistencia de @eluniversocom ante el autoritarismo y la arbitrariedad fue admirable. Este fallo deja un claro precedente contra el abuso del poder. Felicitaciones a quienes, desde el principio, estuvieron del lado correcto de la historia.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, el Estado debe adecuar su norma penal interna "de acuerdo con las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión". El Estado debe realizar cambios legislativos para "lograr la plena efectividad del ejercicio de la libertad de expresión". 

El gobierno de Guillermo Lasso también se pronunció sobre el fallo. "En el Gobierno del Encuentro nadie irá a la cárcel por decir su opinión y que la lucha por el respeto a la libertad de expresión es una premisa fundamental en su administración". El Ejecutivo impulsa en la Asamblea un proyecto de ley orgánica de Libre Expresión y Comunicación que elimina el delito de calumnia y las infracciones contra el honor.