La Corte enfrenta el examen decisivo

La estrategia fue poner en entredicho la competencia. Los jueces de la Corte Constitucional (CC) presentaron ayer sus descargos orales dentro de la evaluación que ejecuta sobre su gestión el Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

Pero no todos asistieron. La vicepresidenta del organismo, Pamela Martínez, que era primera en la lista de audiencias, se rebeló. En su lugar envió una carta diciendo que su informe de gestión fue presentado dentro de la competencia ordinaria que, según ella, tiene el Consejo transitorio. “Pero no me prestaré para el juego político que sugiere su proceder de ‘evaluar jueces constitucionales’ y luego a la designación directa y sin concurso previo de nuevos jueces”, explicó.

Esa fue la tónica del resto de intervenciones. Incluso, algunos magistrados se apoyaron en el voto en contra de la evaluación del consejero Xavier Zavala para reforzar la tesis de que el Consejo de Participación no podía observar y, peor aún, pensar en cesar a la CC.

Nada de esto detuvo las comparecencias. El presidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo, les recordó que seis de los siete integrantes de Participación le dijeron sí a la evaluación y esa era una de las razones por las que estaban presentes.

Tatiana Ordeñana rechazó que haya habido un conflicto de interés cuando siendo parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue designada como jueza de la CC. Para esto se valió de dos argumentos: que renunció al cargo de consejera antes de posesionarse como jueza y que no es el Cpccs el que la designó, sino una comisión calificadora formada por la función Ejecutiva, Legislativa y Transparencia y Control Social, de la que es parte el Consejo de Participación.

Pero el consejero Pablo Dávila le recordó que aunque renunció el 5 de noviembre de 2012 y se posesionó como jueza un día después, la dimisión recién fue aceptada el 8 de noviembre. También, que si bien es cierto que es una comisión la que designa a los jueces, fue el Cpccs, del que era parte Ordeñana, el que construyó el reglamento para conformar la comisión que a la postre la escogió.

Ante la acusación de que era cercana al anterior gobierno, la jueza Roxana Silva afirmó que “el derecho al trabajo es irrenunciable” y que no solo había sido parte de la administración de Rafael Correa, sino de otros gobiernos.

Reconoció que tienen una porción mínima de acciones en Cervecería Nacional y que por eso se excusó de conocer un caso de esta empresa en la CC. Pero Dávila cuestionó que haya decidido no ser parte de este proceso recién cinco meses después de conocer su existencia.

La mañana de ayer también rindieron su versión los jueces Marien Segura y Francisco Butiñá. Este último les explicó a los consejeros que el único que puede cesar a los jueces constitucionales es el pleno de la Corte Constitucional.

En la tarde se acogieron a la evaluación Manuel Viteri Olvera, Wendy Molina y el presidente de la Corte, Alfredo Ruiz, quien lamentó una supuesta falta de imparcialidad en la evaluación y que no se resalte ni un solo aporte de los que según el funcionario, sí ha hecho la Corte Constitucional.

Rechazó además que se afirme en el documento que todos los jueces constitucionales tienen en la Fiscalía General investigaciones por delitos como el de lavado de activos, cuando la propia entidad de justicia ya se ha pronunciado aclarando que no sobre todos los magistrados pesa una indagación de este tipo. La jueza Ruth Seni tampoco se acogió a esta etapa de la evaluación.