Este viernes 24 de enero, la Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen sobre el Acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas firmado en septiembre de 2023 entre el canciller del gobierno de Guillermo Lasso, Gustavo Manrique y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick.

La CC notificó que el tratado en el que se habla de cooperación militar marítima de parte de Estados Unidos para la Armada del Ecuador, no necesita que sea tramitado por la Asamblea Nacional por votación en el pleno. 

De esta forma, la presidencia de Ecuador tiene luz verde para concretar la ayuda con el país del norte. Según explicó la actual ministra de relaciones exteriores, Gabriela Sommerfeld, el presidente Daniel Noboa debe expedir un Decreto Ejecutivo en el que solicite a la Cancillería el envío de una nota diplomática para notificar que se cumplió con el análisis interno y que no hay impedimento legal para cumplirlo. 

“En virtud del análisis que la Corte debe realizar sobre los tratados internacionales y los elementos que se han identificado en el contenido del tratado bajo análisis, en principio no se concluye que el tratado no deba ser aprobado, sino se exige un debate robusto y un control más fuerte de conformidad con los parámetros del artículo 419 de la Constitución”, se lee en el dictamen de la CC.

De acuerdo a lo expuesto, la alianza permite que se desarrollen operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, tales como el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.

En su momento, el ahora excanciller Manrique aclaró que los operativos de control serán previamente coordinados y que sirven para el intercambio de información, de tecnología, asistencia y asesoría. 

De acuerdo a lo expuesto, la alianza permite que se desarrollen operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, tales como el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.

Se expuso que no se trata de una alianza política o militar, que no tiene como objetivo la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados, defensa de la soberanía o integridad territorial.

El ingreso de tropas norteamericanas deberá ser aprobado previamente por el Ministerio de Defensa y para operaciones puntuales, según se haya planificado previamente. Las actividades incluyen capacitación.

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