Correísmo reclama para que reforma de adolescentes infractores vaya a mesa de Niñez

La Comisión de Protección Integral de la Niñez de la Asamblea Nacional, presidida por Viviana Veloz (Revolución Ciudadana, RC), criticó que la propuesta para reformar las sanciones a los adolescentes infractores se trate en el proyecto de Ley de Integridad Pública y dijo que su mesa tiene competencia para analizar el proyecto.

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"Es inaceptable que desde una propuesta de ley sobre contratación pública y servidores públicos se pretenda modificar la responsabilidad de los adolescentes infractores sin el análisis técnico que requiere un tema tan delicado", señaló la comisión de mayoría correísta, en un comunicado publicado la noche del 17 de junio de 2025.

En el documento, firmado por los correístas, Paola Cabezas, Raúl Chávez (alianza Reto), Mónica Palacios, Mireya Pazmiño, Ricardo Patiño, Alejandro Vanegas, Angélica Cabrera (reemplazo de Ronal González) y Dina Farinango, de Pachakutik, los legisladores exigieron "que cualquier propuesta legislativa que incida en los derechos de los niños y adolescentes sea debatida en su comisión "conforme a nuestras competencias establecidas en el artículo 21 de la Ley de la Función Legislativa".

¿Cuáles son las reformas que se proponen?

Antes, el correísmo ya cuestionó que el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) incluya el tema de los adolescentes infractores en la propuesta de Ley de Innovación de la Gestión Pública, enviada por Daniel Noboa. Vanegas consideró que no existe unidad de materia en el proyecto del Ejecutivo.

La modificación la propuso el asambleísta gobiernista Andrés Castillo (ADN), quien plantea que en el proyecto de  se reformen los artículos 305 y 306 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya norma establece sancionar a los adolescentes infractores con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia.

Y de esta última norma solicita cambiar el art. 331. Los ajustes que plantea son: que en el Código de la Niñez, en lugar de que el internamiento preventivo dure máximo 90 días, que ese plazo se amplíe a un tope de 180 días. Y si los adolescentes infractores incurren en delitos que el COIP sancione con 10 años de cárcel, que ese aislamiento preventivo dure hasta un año.

En cuando a las medidas socioeducativas, sugiere que si los adolescentes infractores se ven implicados en delitos que se sancionen con más de 10 años de cárcel, se les imponga una pena de internamiento igual a la establecida en el COIP.

En la sesión del Pleno del lunes, donde se realizó el primer debate del proyecto, Castillo defendió su propuesta y criticó la oposición del correísmo. "No les vamos a mandar a La Roca ni a la cárcel de Latacunga, que cumplan su pena en centros de rehabilitación dirigidos a jóvenes, donde pueden capacitarse", manifestó.

Sin embargo, la reforma ha generado debate público, pues especialistas y activistas recuerdan los derechos de los menores de edad y su vulnerabilidad.

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